El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto (PP), valora y muestra "mucho respeto a la labor de la Justicia", en este caso a la Fiscalía, por la apertura de diligencias de investigación por las supuestas irregularidades en el pago de la nóminas en el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) en el periodo comprendido entre los años 2006 y 2011 y detectadas en una auditoría realizada por el servicio de Intervención del Ayuntamiento de la capital cordobesa.

En una rueda de prensa, el regidor ha manifestado que el Ministerio Público "siempre va a tener la comprensión y el apoyo" del gobierno municipal, al tiempo que espera a que "evolucione la investigación y saber en qué dirección se realiza".

Entretanto, Nieto resalta que la "obligación" del equipo de gobierno era "aclarar, dar transparencia y cumplir con el compromiso" de la comisión de investigación, que, tal y como ha recordado, entre sus conclusiones estaba trasladar la documentación a la Fiscalía.

En concreto, el gobierno municipal remitió hace dos semanas toda la documentación, tanto en papel como en soporte informático, en cumplimiento de lo aprobado en el Pleno Ordinario del mes de abril, con los votos del PP, que apoyó así las conclusiones de la comisión de investigación abierta en el Ayuntamiento para aclarar los hechos denunciados.

Precisamente, una de las conclusiones aprobadas consideraba "necesario" la remisión a la Fiscalía de los hechos conocidos tanto por los expedientes vistos en los trabajos de la comisión, como de los hechos relatados en las comparecencias producidas, al objeto de que de la investigación por parte de la propia Fiscalía "pudiera deducirse si alguno de los citados hechos podría llegar a ser constitutivo de incurrir en algún ilícito penal".

La comisión de investigación creada en el seno del Consistorio a fin de controlar y fiscalizar la gestión realizada en materia de personal, de gestión de contratación de obras, suministros y servicios, y en materia de concesión de subvenciones, por los órganos rectores del Imdeec, así como por sus órganos directivos ejecutivos desde su creación, apostó por suprimir el Imdeec y "municipalizar" los servicios que presta actualmente.

Según las conclusiones de la comisión, existe una "clara" responsabilidad política de los responsables políticos de los períodos enero 2004-junio 2007 y junio 2007-junio 2011 en el "mal" funcionamiento generalizado en cuanto a la adscripción del personal que originalmente se incorporó al organismo, su posterior gestión en cuanto al régimen retributivo dispuesto y el procedimiento de promoción del personal del mismo.

"ambiente laboral degradado"

Asimismo, considera que "no se actuó con suficiente diligencia como máximos responsables políticos del organismo para evitar el degradado ambiente laboral que hemos concluido que fue la tónica general en el funcionamiento del Instituto prácticamente desde su creación", mientras que "es éticamente reprobable los gastos de representación y dietas incurridos por el presidente del Imdeec en el periodo de junio 2007 a junio 2011, por cuanto no eran imprescindibles para el cumplimiento de los objetivos de su presidencia y excedían la mesura exigible en el control y austeridad del gasto público".

De este modo, este organismo autónomo "no ha cumplido con los fines que políticamente le fueron encomendados en el acuerdo de su creación y en los establecidos en sus propios estatutos", de manera que "la forma en la que mejor puede servirse al interés público para la promoción del desarrollo económico y la creación de empleo en la ciudad de Córdoba es a través de la municipalización de los servicios que actualmente se prestan desde el Imdeec".

Por ello, propone la supresión de este organismo autónomo en la forma que legalmente proceda y la creación en el seno del propio Ayuntamiento de Córdoba la Delegación Municipal de Empleo y Desarrollo Económico como forma "más eficaz" para la prestación del servicio.

La comisión considera que, con la "municipalización" de este servicio, "se retoma de la forma más segura para la Administración pública local los mecanismos de control y seguridad jurídica adecuados en los que debe operar todo el sector público".