El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves en un Pleno de carácter extraordinario su propuesta de nuevo mapa de demarcaciones judiciales que, sustancialmente, propone la reducción hasta los 190 partidos judiciales de las actuales 431 unidades judiciales en España. Los vocales han acordado trasladar lo que denominan "documento de trabajo" a las Salas de Gobierno de los tribunales superiores de justicia, que tendrán tres meses para presentar sus "sugerencias y aportaciones".

El documento, salvo algunas aportaciones de última hora agregadas por un grupo de vocales, corresponde al aprobado por el Pleno del órgano de gobierno de los jueces el pasado 19 de abril. Tras las aportaciones que puedan hacer los distintos órganos de gobierno del poder judicial, el documento será remitido al Ministerio de Justicia, que es el competente para producir a la reorganización del mapa judicial español.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el pleno ha aprobado la propuesta con tres modificaciones sobre el borrador anterior que afectan a esta autonomía: Segorbe, Xàtiva y Ontinyent se mantendrían como partidos judiciales únicos.

La sala de Gobierno del TSJCV celebra un pleno el próximo día 15 en el que se estudiará y debatirá sobre la propuesta. La sala realizará las alegaciones oportunas, para lo que escuchará las observaciones y sugerencias de los decanos de los partidos judiciales, como representantes de los jueces y magistrados.

Partidos judiciales en la comunitat

Según la propuesta aprobada, el número de partidos judiciales en la provincia de Alicante quedaría reducido a 8 desde los 13 actuales. Esto se realizaría con la agrupación de los partidos de Alicante y San Vicente del Raspeig, que abarcarían 25 juzgados y una población total de 473.187 habitantes; de Villena, Alcoy e Ibi (9 juzgados y 195.196 habitantes); de Elda y Novelda (7 juzgados y 178.456 habitantes), y de Benidorm y La Vila Joiosa (11 juzgados y 193.165 habitantes).

A estos cuatro partidos agrupados se sumarían los de Torrevieja (8 juzgados y 155.675 habitantes), Denia (9 juzgados y 200.373 habitantes), Elche (12 juzgados y 292.067 habitantes) y Orihuela (9 juzgados y 238.166 habitantes), que se mantendrían como partidos judiciales únicos.

Por su parte, en la provincia de Valencia se pasaría, según el documento, de 18 a 10 partidos judiciales. En concreto, contempla la agrupación de los de Valencia, Mislata y Quart de Poblet, que sumarían 56 juzgados y darían servicio a una población global de 939.949 personas. También se agruparían Sagunto y Massamagrell (8 juzgados y 161.684 habitantes); Alzira, Carlet y Sueca (17 juzgados y 324.346 habitantes); Catarroja y Picassent (8 juzgados y 148.173 habitantes); Paterna, Moncada y Llíria (17 juzgados y 385.493 habitantes).

Se mantendrían como partidos judiciales únicos los de Torrent (9 juzgados y 175.533 habitantes), Requena (4 juzgados y 101.160 habitantes), Gandia (8 juzgados y 159.554 habitantes), Xàtiva (4 juzgados y 91.748 habitantes), y Ontinyent (4 juzgados y 93.507 habitantes).

En cuanto a la provincia de Castellón, el número de partidos pasa de 5 a 4, con la agrupación de los de Villarreal y Nules, que comprenden 9 juzgados y abarcan una población global de 197.293 personas, y el mantenimiento como partidos independientes de los de Castellón de La Plana (15 juzgados y 287.954 habitantes), Vinaròs (5 juzgados y 91.837 habitantes), y Segorbe (1 juzgado y 27.190 habitantes). REORGANIZACIÓN,

No supresión

A lo largo de su comparecencia ante los medios, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, ha insistido en la "provisionalidad" del documento, cuyo objetivo es "abrir el debate", y ha negado que vayan a suprimirse partidos judiciales. "Se trata de reorganizarlos en un nuevo diseño", ha manifestado, aunque reconoce que en algunas poblaciones podrían desaparecer las sedes de determinadas jurisdicciones, como la penal o la civil, en función del nuevo diseño.

El objetivo de esta iniciativa del CGPJ es superar el actual diseño, que data de 1988, con el fin de asegurar la proximidad de la justicia al ciudadano, lo que no está relacionado directamente, según Bravo, con el número de kilómetros que separen su domicilio del juzgado.

Para la nueva organización se han tenido en cuenta circunstancias sociales, geográficas y políticas que se amplían en un documento que harán público en las próximas horas. A juicio de Bravo, la propuesta no invade competencias de otros poderes del Estado que son, al fin y al cabo, los que deben tomar la decisión final sobre este asunto.

Así, ha señalado que el mapa propuesto por el CGPJ no pasa por señalar cuáles deben ser las cabeceras de partido en cada territorio, ya que dicha competencia corresponde al Ministerio y ha insistido en que los cambios, "aunque asustan a todos", no deben causar alarma. También ha descartado que el nuevo diseño judicial vaya a suponer pérdida de empleos.

Según explicó con motivo de la presentación del documento el pasado día 19, se desvinculará también el concepto de juez unido al del órgano unipersonal al tiempo que se optimizarán los recursos en atención al "delicado" momento económico.

Se aboga así por reducir la presencia del ciudadano en las oficinas judiciales a los supuestos "estrictamente necesarios" y fomentar el uso de las nuevas tecnologías. Entiende el CGPJ que la implantación del nuevo mapa judicial debe ser progresiva y apostar por una Justicia titular, relegando los interinos a supuestos excepcionales.

La reordenación de los partidos judiciales debe atender a las circunstancias geográficas, políticas y económicas de cada territorio, que ha señalado que las circunscripciones resultantes deberían tener una población superior a 100.000 habitantes para que el desplazamiento desde los núcleos de población hasta la cabecera no exceda de una hora.

La aplicación de estos criterios permitirá la reducción de los actuales 431 partidos judiciales a menos de la mitad, entre 190 y 200. En el 90% de las circunscripciones resultantes podrá procederse a la separación de jurisdicciones y la correspondiente especialización de los jueces; al despliegue de la nueva oficina judicial con servicios procesales y de ejecución comunes; a la implantación de gabinetes y servicios de todo tipo, y a la aplicación de las tecnologías que garanticen una mayor proximidad y un mejor servicio público, según los planes diseñados.

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