El grupo parlamentario de Izquierda Unida (IU) en las Cortes de Aragón ha exigido la comparecencia urgente del consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, "para explicar las medidas que piensa adoptar para garantizar en Aragón el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo".

Las dos clínicas acreditadas en Aragón para la interrupción voluntaria del embarazo, clínicas Actur y Almozara, ambas en Zaragoza, han anunciado este lunes que suspenden su colaboración con el Servicio Aragonés de Salud (Salud) desde el próximo día 3 de mayo al haberse acumulado unos impagos por valor de 800.000 euros.

IU ha pedido, "ante el problema creado" que el Gobierno "dé cuenta de las medidas que adoptará". La portavoz de IU en Sanidad en las Cortes, Patricia Luquin, ha estimado en una nota de prensa que "es inaudito que el Gobierno de Aragón no garantice ese derecho que tenemos las mujeres".

A su entender, el Gobierno presidido por Luisa Fernanda Rudi, "debe resolver de inmediato el problema y, además de pagar la deuda con las clínicas privadas", así como "tomar las medidas necesarias para que este servicio se dé en la sanidad pública sin recurrir a los conciertos".

"Nos dirigiremos, igualmente, a nuestro grupo parlamentario en el Congreso para que pregunte a la ministra de Sanidad, Ana Mato, si piensa, como afirman las clínicas privadas, eliminar de la cartera de servicios de la sanidad pública la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo", ha precisado Luquin.

Asimismo, ha reconocido que "no nos extrañaría nada" que las propuestas anunciadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, "para eliminar el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad lo esté haciendo ya efectivo el Gobierno de Rudi por la vía de no pagar a las clínicas con las que concierta este servicio, pero la ley de Salud Sexual y Reproductiva está en vigor y la obligación del Gobierno de Aragón es garantizar su cumplimiento".

"No es de recibo que, ante el problema, lo único que se le ocurra al consejero de Sanidad es pedirles a las mujeres que tengan que abortar que adelanten el dinero" ya que "es inaceptabloe que las mujeres tengan que pagar por una prestación incluida en la cartera de servicios que debe ser garantizada por el Gobierno autonómico y por el propio Ministerio de Sanidad", ha concluido Luquin.