El Ministerio de Hacienda aprueba el plan de ajuste del Ayuntamiento

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha aprobado este lunes el Plan de Ajuste remitido por el Ayuntamiento de Santander, según ha informado la concejala de Economía y Hacienda, Ana González Pescador, para quien el informe favorable del Gobierno de España "respalda y confirma la solidez y el rigor del trabajo realizado, así como los planteamientos en materia económica a medio plazo que se recogen en el documento".

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha aprobado este lunes el Plan de Ajuste remitido por el Ayuntamiento de Santander, según ha informado la concejala de Economía y Hacienda, Ana González Pescador, para quien el informe favorable del Gobierno de España "respalda y confirma la solidez y el rigor del trabajo realizado, así como los planteamientos en materia económica a medio plazo que se recogen en el documento".

El Plan de Ajuste plantea una reducción de la deuda municipal del 48,9 por ciento en el periodo 2012-2020. "Con este plan, el equipo de gobierno del Consistorio Santanderino plasma su voluntad de continuar con la política de reducción del endeudamiento y de tendencia a la eliminación del déficit, así como de contención del gasto corriente", recalca la responsable de Economía y Hacienda en un comunicado.

González Pescador subrayó que el Ayuntamiento de Santander continuará desarrollando una gestión económica responsable y eficaz, manteniendo al mismo tiempo un alto nivel de actividad y de inversión.

"Sobre la base de estos principios, el plan, tal y como confirma el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cumple con los criterios de ahorro neto positivo, capacidad de financiación positiva y remanente de tesorería para gastos generales positivo, a los efectos de cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria", destacó la edil.

La concejala de Economía y Hacienda señaló que con las medidas aprobadas, el Gobierno de España ha afrontado "con rapidez y eficacia" nuevas líneas de financiación, que van a permitir acortar el periodo medio de cobro a las empresas proveedoras de obras y servicios a los ayuntamientos, "inyectando" una liquidez adicional en sus tesorerías.

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