Cantabria espera amortizar 41 millones de euros cada año en virtud del mecanismo de pago a proveedores acordado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para el que el plazo de presentación de las facturas ha finalizado este lunes.

El período en que se ejecutará durará 10 años, de los que los dos primeros, lo que se pagará es la carencia (los intereses), que se calcula en torno a 13-14 millones de euros, siempre según estimaciones de la Consejería de Economía y Hacienda.

A partir de ahora, los proveedores a los que se deban el pago de facturas deberán adherirse al sistema, ya que de lo que se dispone ahora es de un listado, que hay que verificar y solicitar luego su confirmación, para lo que disponen de un plazo de 15 días.

De forma paralela, se remite al Ministerio un plan de ajuste, que, en el caso de Cantabria, incluye las modificaciones en las leyes urbanísticas para permitir la construcción de viviendas en suelo rústico, así como medidas para la simplificación de trámites administrativas, ya aprobadas.

Será cuando acabe este proceso cuando el Gobierno proceda a la regulación por ley del reconocimiento extraordinario de crédito, una medida que inicialmente iba a desarrollarse de forma paralela a la ley que recoge los ajustes del Gobierno (el céntimo sanitario, los cambios en el personal público...), pero que finalmente esperará a que culmine este proceso de solicitud del pago a proveedores.

Así lo ha explicado a preguntas de los medios en el Parlamento la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Cristina Mazas, y, en la misma línea, el presidente cántabro, Ignacio Diego, ha señalado que espera que estos pagos se "vean satisfechos".