La primera ley del taxi gallega permitirá a los profesionales del sector prestar sus servicios de transporte en varios municipios si cumplen una serie de requisitos y limitará el número de licencias vigentes. El parámetro "general", según el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, será el de una licencia taxi por cada mil habitantes.

Con todo, la norma prevé que en las ciudades con más de 150.000 vecinos —Vigo y A Coruña— será de un taxi por cada 900 habitantes. Asimismo, en los ayuntamientos con una población igual o inferior a 20.000 habitantes, se estipula una licencia de taxi por cada 1.500 habitantes, con un mínimo de dos por municipio.

Lo ha avanzado el presidente de la Xunta, al término de la reunión semanal de su Ejecutivo, que ha dado luz verde a esta normativa, que Feijóo ha calificado de "novedosa y necesaria" para dar "seguridad jurídica" a un sector con 4.000 trabajadores en la comunidad y que genera un "impacto" en la economía gallega de 160 millones de euros.

Además, existen en Galicia 138 vehículos dedicados a la actividad de arrendamiento con conductor y gestionados por 18 empresas.

En la nueva norma, además de dar "seguridad jurídica" al sector al "armonizar" los requisitos para recibir una licencia y "limitar" su número, se incorporan otras novedades como la posibilidad de trabajar, de forma "voluntaria", en áreas de prestación conjunta. Para poder hacerlo, se necesitará un informe favorable de "los dos tercios" de los ayuntamientos que la integren y que este porcentaje sea equivalente, al menos, al 75 por ciento de la población del área.

Además, la nueva ley propone habilitar un único número de radiotaxi para toda Galicia y buscar "una única imagen de calidad" en la comunidad. Esta imagen "única y reconocible" tendría "buenos" efectos para los propios taxistas y los usuarios del servicio, a juicio del jefe del Ejecutivo autonómico.

"mejorar la accesibilidad"

Del mismo modo, el texto legislativo aspira a "mejorar la accesibilidad" a personas con movilidad reducida o que sufren algún tipo de discapacidad.

"Deberán dar servicio preferente a las personas con movilidad reducida y se prevé la implantación progresiva de taxímetros que emitan señales perceptibles por personas con discapacidades visuales y auditivas", ha concretado el presidente.

Tras enfatizar sus ventajas, el presidente ha incidido en el "consenso" del que nace esta normativa. Desde su entrada en vigor, los ayuntamientos tendrán un plazo de un año para adaptar sus ordenanzas municipales, en la medida de lo necesario, a la nueva ley.

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