La Consejería de Agricultura y Pesca ha remitido el cuestionario sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) ha enviado a las distintas comunidades autónomas para que indiquen las cuestiones que consideran prioritarias sobre los distintos aspectos que conciernen a dicha reforma.

Entre las principales cuestiones que desde Andalucía se han trasladado al Magrama, se señala que el momento actual de crisis económica y financiera no aconseja realizar una profunda reforma de la PAC, máxime cuando aún no se ha terminado de evaluar el impacto de las últimas reformas que se están terminando de aplicar en esta campaña.

En ese sentido, y dado que la propuesta de la Comisión supone una disminución en términos reales de los fondos asignados a la PAC, en una nota la Administración andaluza considera "imprescindible" que España exija la dotación de un marco financiero plurianual que garantice el mantenimiento de dichos fondos.

Asimismo, se destaca la necesidad de que esta comunidad autónoma mantenga su actual nivel de pagos directos, con especial atención a sectores como el olivar y la ganadería —especialmente la extensiva, base para la preservación de las dehesas andaluzas—, a los que hay que seguir apoyando de manera importante.

En opinión de la consejera de Agricultura, Clara Aguilera, sectores como los anteriormente mencionados "deben ser objeto de una diferenciación y respaldo importante tanto en la actualidad, dado la difícil coyuntura de precios, como en un futuro, en el marco de la nueva PAC".

Así, la consejera de Agricultura señala que le parece "inaudito" que la Comisión Europea esté realizando un plan dirigido al olivar europeo en el que no esté participando el Gobierno de España. "Es increíble que el ministro español de Agricultura permita que se aborde un debate sobre el futuro del olivar sin que esté presente nuestro país, con la importancia que este sector tiene para Andalucía".

Al respecto, ha manifestado la intención de la Junta de participar como Gobierno autonómico. "Si el Magrama no es capaz de defender su posición, difícilmente defenderá la de la Junta, por eso nos gustaría formar parte de ese debate y no limitarnos a una simple reunión como la que recientemente mantuvimos en Córdoba con el Ministro Arias Cañete y el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos", ha afirmado.

El documento también señala al regadío como otro de los elementos que deben ser objeto de diferenciación y especial apoyo. "No hay que olvidar la fuerte apuesta que en todos estos años ha venido realizando el Gobierno andaluz por el regadío, como base de una agricultura moderna y sostenible, esfuerzo que hay que seguir realizando", ha recordado Aguilera.

Por lo que respecta al pago verde, desde Andalucía se estima que debe quedar a criterio de los estados miembros aplicar un porcentaje u otro, ya que, en opinión de Aguilera, "la propuesta del 30 por ciento nos parece excesiva, en cualquier caso para nuestra comunidad autónoma, cuyo sector agrario viene realizando desde hace ya tiempo un importante esfuerzo en sistemas de producción sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, en sintonía con las actuales demandas del mercado".

"Por ese motivo —añade— entendemos que dicho pago verde debiera aplicarse a casos como la producción integrada y la lucha biológica o control integrado de plagas".

Igualmente, se estima primordial que en la nueva PAC se acometa la mejora de los actuales instrumentos de gestión de mercado, cuyos precios de desencadenamiento o activación se actualicen periódicamente para ajustarse a la realidad. También es necesario que estos mecanismos puedan activarse de manera automática cuando se cumplan las condiciones previstas en sus reglamentos.

Otro punto igualmente importante que debe contemplarse en la nueva PAC es adoptar medidas que contribuyan al funcionamiento y equilibrio de la cadena alimentaria. Así, desde Andalucía se reclama una intervención real en dicha cadena y regular la excepcionalidad del sector agrario en cuanto al cumplimiento de las "rígidas" normas de la Competencia, tanto a nivel nacional como europeo.