La Asociación de Empresarios de Tecnologías de la Información y Comunicación de Andalucía (Eticom) ha cifrado este jueves en más de 300 millones de euros la deuda de las Administraciones Públicas a sus empresas asociadas.

El pesidente de Eticom, Adolfo Barrero, ha señalado a Europa Press tras presentar un informe sobre la morosidad existente entre las empresas TIC andaluzas y las administraciones públicas —regional, provincial y local— que Eticom representa en torno a un tercio del sector TIC andaluz, por lo que la deuda podría llegar a "los 900 euros si extrapolamos los datos".

Asimismo, ha señalado que el retraso medio para cobrar esta siendo una media de un año y medio, habiendo casos de incluso tres años de retraso en el pago.

En una nota, Barrero ha indiciado que la empresa TIC depende "mucho" del sector público y el 95 por ciento del tejido empresarial son micropymes "sin mucha capacidad financiera", lo que hace que las administraciones "en mucho casos" realicen sus encargos a multinacionales que "sí tienen la posibilidad de dar más plazo a la hora de cobrar".

"Estos datos son preocupantes ya que las pequeñas y medianas empresas andaluzas del sector TIC, que son la gran mayoría, ven en serio peligro su supervivencia, un sector que además es vital para la productividad y competitividad de la economía andaluza", apunta.

Ante esta situación, Eticom apela a las administraciones públicas a "una pronta acción contra la morosidad que está provocando que afecte a la continuidad de empresas del sector debido al incumplimiento de los plazos que establece la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales.

"Estamos estudiando qué medidas adoptar, como son el cobro de intereses de demora e indemnizaciones por todos los costes para los cobros en el sector TIC andaluz". Según la asesoría legal de Ametic, la asociación nacional del sector TIC en España, se pueden establecer medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales como es el cobro de intereses de la deuda.

Además, el contratista acreedor de la Administración incursa en mora tiene derecho a reclamar a ésta una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la demora en el pago. La indemnización no podrá superar, en ningún caso, el 15 por ciento de la cuantía de la deuda, excepto en los casos en que la deuda no supere los 30.000 euros en los que el límite de la indemnización estará constituido por el importe de la deuda de que se trate.

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