El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, ha abogado este jueves por impulsar una ley integral que regule los derechos y garantice la igualdad de oportunidades de las personas discapacitadas, según se prevé en la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada en Nueva York en 2006 y vigente en España desde el 3 de mayo de 2008.

Varela, que participó en el acto inaugural de unas jornadas sobre protección jurídica y discapacidad que se celebran en la EGAP en Santiago, recordó que la Convención dice algo "tan sencillo y revolucionario" como que las "personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida".

De este modo, Varela indicó que "se sustituye el tradicional modelo asistencial y protector por el de promoción de la autonomía personal", que exige que las personas con discapacidad "pueden disponer de un sistema de apoyos que les permita el ejercicio de los derechos cuya titularidad les corresponda".

El fiscal hizo especial hincapié en que una ley integral en materia de discapacidad "sería un instrumento adecuado para impulsar el derecho a la igualdad de oportunidades" de este colectivo, estableciendo medidas contra la discriminación y acciones positivas que permitan su integración social en todos los ámbitos.

Impacto en la práctica judicial

Asimismo, Carlos Varela explicó que pese a que la población con discapacidad reconocida en Galicia a finales de 2011 era de 222.597 personas, "el impacto de la convención en la práctica de los órganos judiciales aún resulta inapreciable". "Y se mantienen las posiciones tradicionales, que, por otro lado, son las que recoge la legislación", ha agregado.

Por otra parte, la Fiscalía ha detectado que "son muchos los asistentes sociales que comentan las trabas y dificultades que afrontan para gestionar una plaza residencial", debido en gran parte, según Varela, "a la lentitud y al colapso" que sufre la Administración a la hora de resolver los grados y niveles de dependencia que otorgan derecho al ingreso.

Varela ha apostado, además, por la creación de órganos judiciales especializados que extiendan su competencia a uno o varios partidos judiciales, incluso con carácter provincial. También ha defendido la conveniencia de que se configure "un expediente único y personal" en cada caso de incapacidad.

En él, según expone la Fiscalía, se recogerían todas las vicisitudes procesales que le afecten al discapacitado —ingresos involuntarios, medidas cautelares, rendición de cuentas y otros—, de modo que se pueda conocer fácilmente su situación personal y jurídica.

Tutela y prevención

En su intervención, Carlos Varela destacó el "intenso" trabajo que realiza el Ministerio Fiscal en Galicia para dar a conocer los principios de la Convención.

La Fiscalía, según ha dicho, es, además, "la principal impulsora" en los procesos de incapacitación en la Comunidad Autónoma. Así, en 2011 propuso 1.461 demandas de incapacidad, que representan el 82 por ciento de las presentadas y supusieron la incoación de 779 expedientes de tutela.

Según recuerda, la Fiscalía especializada ha participado en la elaboración, por la Xunta de Galicia, de la Guía informativa sobre protección jurídica y discapacidad y del protocolo de actuación coordinada contra el maltrato de personas mayores o adultos con discapacidad, que prevé la actuación coordinada de los trabajadores sociales, los servicios sanitarios, las fuerzas de seguridad y la propia Fiscalía.

En el labor preventivo de detección del maltrato a los mayores, el pasado año el Ministerio Público inspeccionó en Galicia 85 centros residenciales.