La Agencia Tributaria de Baleares (ATIB) ha anunciado que recupera las oficinas liquidadoras, suprimidas en la anterior legislatura, para controlar el fraude fiscal y aumentar en un 35 por ciento la capacidad de revisión de 140.000 expedientes "antiguos" que habían sido "olvidados".

El director de ATIB, Alberto Roibal, ha explicado que en las Islas, el fraude que "más preocupa y que más ingresos genera es el de la adquisición de inmuebles a través de sociedades interpuestas".

Para frenar el fraude fiscal, la ATIB establece tres líneas estratégicas. En primer lugar, en términos de planificación, ha diseñado un plan de control que se realizará cada tres años, con el fin de "coordinar" las áreas implicadas en el control del fraude tributario y determinar un "plan de trabajo" para cada funcionario.

En segundo lugar, referente a la organización, Roibal ha destacado el papel fundamental de la información. "No es cuestión de poner más personas, sino de trabajar mejor", ha afirmado. En este sentido, Roibal ha destacado el trabajo conjunto con la Agencia Tributaria del Estado a través de una comisión anti-fraude, creada el pasado año entre el Estado y las Comunidades Autónomas, para conseguir información sobre los tipos de fraude más detectados. Ello permitirá organizar los órganos de la ATIB y crear "especialistas".

En este apartado, Roibal ha anunciado que Baleares da "un paso atrás" porque recupera las oficinas liquidadoras, suprimidas en la anterior legislatura por tema de costes. Debido a su eliminación, con 30 personas a su cargo, Roibal ha comentado que hay 140.000 expedientes "perdidos" que ahora podrán revisarse. Además, ha resaltado que "aumentará" un 35 por ciento la capacidad de revisión de los expedientes "antiguos".

Por su parte, el vicepresidente económico, Josep Ignasi Aguiló, ha destacado que el coste por el que se han retomado las oficinas liquidadores es "más que razonable". "Hemos cambiado el convenio de la situación anterior para mejorarlo sustancialmente", ha matizado.

Finalmente, este mecanismo enfocado para la obtención de ingresos y el cumplimiento con el Estado, pretende mantener "a rajatabla" los derechos y garantías de los ciudadanos siguiendo criterios "uniformes".