Un informe de CCOO-A ha advertido de que "más de 20.000 personas han perdido empleo, han perdido poder adquisitivo y han empeorado sus condiciones en los dos primeros meses de la reforma laboral en Andalucía".

En una nota, el sindicato apunta que tras los primeros 60 días de entrada en vigor de la reforma laboral "impuesta" por el Gobierno, "más de 20.000 personas en Andalucía se han visto afectadas directamente por su aplicación y sufren ya las consecuencias negativas sobre sus condiciones laborales".

El informe de CCOO señala que en los dos primeros meses de aplicación de la norma, "se han incrementado los casos de descuelgue laboral, hasta alcanzar la cifra de 7.600 personas que han visto como se procedía a la inaplicación del régimen salarial que se establecía en los distintos convenios colectivos, reduciéndole el salario establecido en su convenio colectivo; o bien, las casi 13.000 personas, más de 12.500, que se han visto involucradas en expedientes de regulación de empleo, en unas condiciones injustas para los trabajadores".

Agrega que a esto hay que sumar "el incremento de un 33 por ciento en las demandas de conciliación, fundamentalmente despidos y modificaciones en las condiciones de trabajo".

La secretaria de Acción Sindical y Relaciones Laborales de CCOO-A, Miriam Pinillos, ha asegurado que es "la confirmación de una tragedia anunciada" y la utilización por parte de los empresarios "del mejor instrumento jamás soñado para abaratar los costes laborales y del despido y empeorar las condiciones laborales de los trabajadores".

CCOO-A lamenta que la aplicación de la reforma laboral "impuesta" por el Gobierno está suponiendo "una auténtica sangría en las condiciones laborales de los trabajadores andaluces".

La secretaria de Acción Sindical y Relaciones Laborales de CCOO-A, Miriam Pinillos, ha elaborado un informe en el que destaca los cuatro puntos en los que se pueden "percibir los efectos negativos de la reforma laboral, como son descuelgue salarial; expedientes de regulación de empleo; modificación de las condiciones laborales; y el incremento de demandas de conciliación laboral".

Con respecto al primero de ellos, durante el primer trimestre de 2012, un total de 18 empresas y grupos de empresas han iniciado los trámites para proceder a la inaplicación del régimen salarial establecido por los distintos convenios sectoriales de aplicación. El número de trabajadores afectados por el descuelgue salarial se sitúa aproximadamente en unos 7.600. "Esto significa, explica Miriam Pinillos, que hay casi 8.000 personas a las que han empeorado sus condiciones salariales". "Las empresas rompen de forma unilateral un compromiso consensuado y además cuentan con la connivencia de una norma que deja en la más absoluta indefensión al trabajador", recalca Pinillos.

En los que se refiere a los ERE, CCOO recuerda que en el primer trimestre de 2012, se han presentado en Andalucía un total de 677 expedientes, lo que en términos porcentuales supone un incremento del 30,5 por ciento con respecto a los datos del mismo período en el año 2011. Con respecto al mes de febrero de 2012 —fecha de entrada en vigor de la reforma laboral— en el mes de marzo de 2012 se produce un incremento del 48,4 por ciento en el número de ERE presentados. El número de trabajadores afectados por estos expedientes se eleva a 12.557 personas.

Igualmente, en ese mismo periodo, se han producido en Andalucía un total de 15.496 demandas de conciliación interpuestas en las ocho sedes provinciales del Centro de Mediación, Arbitrajes y Conciliación (Cemac), de los que "el 55,2 por ciento son reclamaciones de cantidad; 36,7 por ciento son despidos y extinciones laborales; 6,1 por ciento son otras materias —vacaciones, reducción—; dos por ciento por sanciones". Comparativamente con respecto al mes de febrero de 2012, en el mes de marzo, se produce un incremento del 33 por ciento en el número de reclamaciones presentadas.

CCOO-A exige, una vez analizados estos datos y visto el ataque "brutal y sin precedentes que ha supuesto la reforma laboral del Gobierno de Rajoy", la retirada de la misma, porque "lejos de contribuir al mantenimiento del empleo ha supuesto la destrucción de puestos de trabajo, y el deterioro de las condiciones laborales", y exige a la patronal la no aplicación de esta reforma laboral y el cumplimiento de lo pactado en el II Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva.