El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Toledo, Javier Nicolás, ha asegurado este miércoles que el equipo de Gobierno municipal "ha trabajado, está trabajando y seguirá trabajando para dar seguridad jurídica" a promotores y al sector bancario con el objetivo de que sigan apostando por el desarrollo de Toledo en el marco de su Plan de Ordenación Municipal (POM).

En rueda de prensa, Nicolás ha explicado que hasta que se pronuncie en Tribunal Supremo sobre el POM, el Ayuntamiento trabajará para dar seguridad a promotores e inversores y evitar así que puedan interpretar "como una indefensión" esta falta de pronunciamiento por parte del TS.

Tras la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en la que se desestima la petición de Ecologistas en Acción —que solicitaba la aplicación de la sentencia que declara el POM como anulable—, Nicolás ha resaltado que el POM está "totalmente en vigor", lo que da "total seguridad jurídica" a las actuaciones que se llevan a acabo en el seno del Ayuntamiento.

De este modo, ha destacado que "si Toledo se queda sin POM" no habría suelo para poder construir viviendas y "crecerían los pueblos de alrededor pero Toledo no", por lo que se perdería la posibilidad de crear puestos de trabajo y generar riqueza en la ciudad.

Además, ha recordado que sin este POM no existiría el parque comercial La Abadía ni se habrían aprobado tres Programas de Actuación Urbanística (PAU). Así, ha apuntado que la sentencia del TSJCM recoge que la anulación del mencionado plan podría producir daños que superaran los 11.700 millones de euros. ANTECEDENTES

Javier Nicolás ha recordado que existen 12 sentencias relacionadas con el POM y que 8 de ellas fueron favorables al recurrente. Las primeras resoluciones hacían referencia al fondo del Plan de Ordenación, hasta que el 19 de julio de 2011 se establecía la necesidad de abrir un segundo periodo de información pública que no se había producido.

El equipo de Gobierno, defendido los intereses del Ayuntamiento, ha recurrido esta decisión, cuestión que debe dilucidar el Tribunal Supremo, al entender que la segunda información pública no es necesaria, como establece la Ley Regional del Suelo, al haberse informado a los afectados sobre los cambios producidos en el documento.

Mientras el proceso judicial sigue su curso, Javier Nicolás ha insistido en que el POM "es legal y está vigente", y ha expresado la disposición del Gobierno Local a poner en marcha la segunda información pública siempre y cuando exista el consenso de las administraciones y de los grupos políticos en mantener los actuales términos del Plan de Ordenación.

El Gobierno municipal considera que la ciudad no puede perder de nuevo la oportunidad de desarrollar su suelo y espera que los grupos políticos defiendan los intereses de los toledanos que se recogen en el POM para la creación de viviendas, empleo y riqueza.

Por otro lado, Nicolás ha exigido al Gobierno de María Dolores de Cospedal que apruebe el plan de ordenación del Polígono Industrial, pues es la responsable de adjudicar ya las obras de urbanización porque el PAU ya está aprobado.