La totalidad de trabajadores prejubilados por expedientes de regulación de empleo (ERE) afectados por la liquidación y quiebra de la aseguradora belga Apra Leven, unas 600 personas, han presentado solicitudes para recibir las ayudas excepcionales arbitradas por la Junta para estos colectivos, según han destacado a Europa Press fuentes de los sindicatos UGT y CCOO.

La Consejería de Empleo aprobó una orden por la que se acordaba ampliar en 15 días el plazo máximo de presentación de solicitudes de ayudas para trabajadores afectados por la liquidación de Apra Leven, de forma que dicho plazo ha concluido este viernes, 4 de mayo.

Las fuentes sindicales han indicado a Europa Press que a los sindicatos les consta que "todos los diferentes colectivos afectados han presentado solicitudes, que se encuentran en fase de estudio para su fiscalización y concesión, una vez que se compruebe que esté todo conforme".

Asimismo, han precisado que había diversos bloques de afectados y en diverso grado, "y al final han presentado solicitud de ayudas todos y cada uno de los colectivos, cada uno con su circunstancia", tras lo que han indicado a Europa Press que estos diversos colectivos suman unos 600 trabajadores afectados.

Las fuentes han recordado que la Junta "deberá concederle una ayuda sociolaboral, subvenciones excepcionales que se traducirán en una nueva póliza".

Además, han precisado que la orden "marca los plazos y el proceso de resolución no será mayor de tres meses", tras lo que los sindicatos han resaltado el hecho de que "todo el proceso, al estar regulado por una normativa concreta es mucho más fácil".

Los sindicatos han destacado que "todo el proceso esté en orden" y espera que "en poco tiempo se resuelvan las solicitudes y se cumpla la normativa, restaurándose los derechos de estos trabajadores".

La orden dictada el pasado 13 de marzo aprobaba las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a trabajadores beneficiarios de una ayuda sociolaboral procedente de un expediente de reestructuración de empresa en Andalucía y que se encontraba afectada por la situación de liquidación de la compañía aseguradora Apra Leven.

Aquella orden del 13 de marzo disponía que el plazo de presentación de solicitudes sería de un mes, contado desde su publicación en BOJA. No obstante, se ha decidido dictar otra resolución para ampliar dicho plazo, "como consecuencia de las dificultades que están encontrando los potenciales solicitantes en la cumplimentación de la documentación necesaria que debe acompañar a las solicitudes de subvención", por lo que "se hace necesario ampliar en 15 días el plazo de presentación de las solicitudes de subvención", un plazo que se amplió hasta el 4 de mayo.

El pasado 13 de marzo, la Consejería de Empleo aprobó una orden que regula la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para los trabajadores prejubilados afectados por el proceso de liquidación de la aseguradora Apra Leven que gestionan las autoridades belgas.

La orden

En esa primera orden se especifica que la Consejería de Empleo había aprobado ayudas sociolaborales que se habían instrumentalizado a través de pólizas de seguro con la compañía Apra Leven para atender situaciones de necesidad sociolaboral tras procesos de ajuste y reestructuración en determinadas empresas. El 21 de febrero, la comisión liquidadora del concurso comunicó a los trabajadores que se iban a suspender los pagos por la situación crítica de la aseguradora, de ámbito internacional.

La Consejería de Empleo aprobó aquella primera orden ante la "difícil" situación que atraviesan estos trabajadores, que "en muchos casos lleven ya más de un año sin recibir ningún ingreso salvo una ayuda excepcional que aprobó la Consejería". En este sentido, ha apuntado en una nota que la Junta de Andalucía es "la única administración autonómica en España que ha aprobado una orden de ayudas a los trabajadores afectados por la quiebra de la aseguradora Apra Leven".

Esa orden cuenta con una financiación hasta 2015 de 27,5 millones de euros y, a falta de cerrar una cifra concreta cuando los trabajadores materialicen sus solicitudes, se calcula que unos 550 prejubilados podrán retomar el cobro de sus pólizas.

La financiación cubre el 80 por ciento de la póliza, que es lo que les restaba como promedio por cobrar de la aseguradora antes de que se suspendieran los pagos. Asimismo, no se produce duplicidad de pagos ni sobrecoste en la financiación de las pólizas, ya que la administración autonómica había abonado a la aseguradora un 20 por ciento de la financiación.

La orden incluye además requisitos a los solicitantes para garantizar que se cubren situaciones excepcionales de ausencia de ingresos, como la exclusión de los derechos de cobro de los herederos por fallecimiento del beneficiario, o la imposibilidad de que pueda solicitarse por aquellas personas que ya están cobrando su pensión de jubilación. Asimismo, deben acreditar que están en situación de desempleo.