Tres nuevas sentencias condenatorias dictadas contra la Consejería de Sanidad de Castilla y León, que se traducirán en indemnizaciones que suman 260.000 euros, han sido calificadas hoy por la presidenta de la asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, como fiel exponente de la "desvergüenza" de las administraciones y fruto de los continuos recortes aplicados en el ámbito sanitario.

La indemnización de 7.369 euros que la Administración regional habrá de abonar a los padres de un niño de 7 años, con parálisis cerebral, por los gastos del tratamiento, interrumpido por decisión de la Junta, que venía recibiendo en el Centro Benito Menni, así como los 132.000 euros en favor de los familiares de Javier B.G, ya fallecido, y los 120.555 euros para Antonio M.O, en ambos casos por contraer sendas infecciones hospitalarias tras ser operados de distintas dolencias, han sido hoy esgrimidas por Flores con el propósito de "apelar a la conciencia de los que dirigen o mal dirigen la administración".

La representante de dicho colectivo, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha incidido en que la sucesión de sentencias condenatorias contra el departamento hoy dirigido por Antonio María Sáez Aguado tiene su origen en los drásticos recortes en materia sanitaria, hasta el punto de que, como así ha denunciado, incluso se ha llegado al caso de un paciente a quien el Hospital General Yagüe de Burgos ha reclamado una factura de 300 euros por entregarle copia de su historial clínico.

"¡Esto es una vergüenza, es bochornoso, no vamos a tolerar ningún atropello de este tipo", ha advertido Flores, quien también ha anunciado que su organización denunciará todos aquellos casos en los que se deniegue asistencia sanitaria a inmigrantes, aunque se encuentren en situación irregular en España.

Recortes "muy baratos"

La representante del colectivo ha indicado a su vez que los recortes en el ámbito sanitario le están saliendo "muy baratos" a la Junta de Castilla y León, ya que, como así ha declarado, las millonarias indemnizaciones derivadas de las sentencias condenatorias en su contra las está pagando su compañía aseguradora.

Durante su comparecencia ante los medios, en los que la presidenta de El Defensor del Paciente ha estado acompañada de familiares y pacientes afectados por las tres últimas sentencias condenatorias, el asesor jurídico del colectivo en Castilla y León, Santiago Díez, ha aprovechado para hacer especial hincapié en el caso del tratamiento denegado a un niño con parálisis cerebral que venía siendo atendido en el Benito Menni de Valladolid.

La sentencia, la segunda también condenatoria en otro caso similar, vuelve a dar la razón a los reclamantes y hace mención expresa a que "las dificultades presupuestarias del organismo demandado en modo alguno justifican el abandono del tratamiento que venía siendo dispensado al menor", de ahí la condena a la Junta para que abone a los padres el coste abonado de su bolsillo y, lo más importante, a seguir dispensando dicho servicio rehabilitador hasta que los facultativos consideren oportuno.

Al respecto, el letrado de la asociación ha incidido en que "la recuperación de estos niños tiene un punto de no retorno", ya que a partir de una determinada edad las potencialidades que no se han ejercitado en su debido momento no se recuperan ya.

"¡Cómo se puede permitir esto en el siglo XXI. Si privamos de tratamiento a estos niños se les está impidiendo que alcancen el máximo techo potencial de recuperación de sus funciones psicofísicas", ha criticado Díez, mientras que la presidenta del colectivo, haciendo suyas las palabras del anterior, ha enfatizado que, "le guste o no al consejero, con o sin consejo de un comité, se está privando a niños de la rehabilitación que precisan de forma imperiosa".