La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la Comunitat Valenciana ha iniciado este sábado la recogida de firmas para que el Congreso debata una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama la dación en pago con efectos retroactivos y promover el alquiler social.

El colectivo ha dado el pistoletazo de salida a la recogida de firmas en un acto celebrado en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia en el que miembros de la plataforma han justificado la necesidad de conseguir antes del 5 de noviembre las 500.000 necesarias para que se discuta la medida.

La decena de personas presentes en el acto han coreado consignas como 'sí se puede' o 'no puede ser: gente sin casa y casas sin gente', mientras que en algunas pancartas podían leerse proclamas como 'no pongan techo a la deuda, pónganlo a las familias' o 'la usura es basura'.

Uno de los miembros de la PAH, José Luis González, ha detallado en declaraciones a los medios que la ILP persigue tres grandes objetivos. El primero es la dación en pago con efectos retroactivos, que beneficiaría también a aquellas personas a las que se ha subastado la vivienda habitual y se han quedado con una deuda.

Asimismo, se pretende paralizar los desahucios y promover una política de alquileres sociales "que permita a la gente vivir" bajo un techo. "No tiene sentido que el sistema financiero eche a miles de personas fuera de su casa y haya millones de viviendas vacías", ha indicado José, para quien esta situación es "intolerable" y debe ser frenada "de una forma radical y definitiva".

Según ha indicado, en los últimos cuatro años cerca de 350.000 personas han sido objeto de demandas hipotecarias, que "normalmente van acompañadas de niños y personas mayores, y la Comunitat Valenciana tiene la "honrosa" primera plaza en desahucios, ha agregado. La PAH calcula que cada día más de 37 familias son desalojadas de sus casas en la región.

Código de buenas prácticas

Desde la plataforma han mostrado su oposición al código de buenas prácticas aprobado por el Gobierno "por el mismo motivo por el que la mayoría de entidades financieras se han adherido a él sin la menor objeción: no cambia absolutamente nada y los bancos continuarán teniendo la última palabra a la hora de decidir el desahucio".

Además, critican que establece unos requisitos para evitar el embargo que, según sus estimaciones, tan sólo reúnen el 10 por ciento de los afectados. Por tanto, sostienen desde la PAH que esta norma "sigue sin solucionar el drama de las familias que cada día son desalojadas de sus casas".