El Juzgado de lo Penal número 4 de Jaén ha condenado a R.L.T. a dos años de prisión después de que la empresa automovilística donde trabajaba descubriera que no ingresaba el dinero con el que le pagaban los clientes, algo de lo que la mercantil se enteró cuando en 2006 inició un proceso de contabilidad debido al cierre de la empresa.

Según el fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado, trabajador de dicha entidad mercantil desde el año 2005 y dedicado a la comercialización y venta de vehículos de segunda mano o vehículos de ocasión, aprovechando el acceso a documentos de pago y sellos de la empresa, reflejaba unos datos en los expedientes de venta de vehículos que no coincidían con las fichas que se abrían para cada vehículo en la empresa ni con lo que realmente entregaba el cliente comprador.

De esta manera, el procesado no hizo constar cantidades que eran entregadas a cuenta por los compradores para apropiarse de ellas y cantidades que eran abonadas como pago efectivo sin ser entregadas en la cuenta de la empresa. Además, elaboraba documentos de pago donde ponía el sello de la empresa sin que la entidad detectara estas irregularidades hasta el año 2006, cuando fue cerrada.

Como precisa la sentencia, R.L.T. llevaba a cabo en la nave aneja al concesionario toda la operación de venta de vehículos usados, siendo él quien recogía el dinero en metálico que les entregaban los compradores y quien cumplimentaba la documentación oficial.

Así, el fallo refleja que el dinero en efectivo que se le entregaba, se lo daba a su vez a la chica de la caja y, si no estaba, se lo entregaba a otro persona encargada de ello. Sin embargo, en la documentación de autos consta que el acusado firmó de forma voluntaria la misma, donde reconocía haberse apropiado de ciertas cantidades de dinero correspondientes a los vehículos cuya operación de venta había ejecutado.

Tal y como ha manifestado el Juzgado de lo Penal en la sentencia dictada, el acusado simplemente utilizaba documentación y sellos oficiales para dar legalidad a la operación, omitiendo la referencia a las cantidades que se le entregaban y de las que después se apoderaba. Por ello, le ha sido impuesta una condena de dos años de prisión y una indemnización de 26.863 euros a pagar a la mercantil dado el delito cometido de apropiación indebida.