El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) se reserva cualquier valoración sobre el documento provisional aprobado este jueves por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "hasta no haya sido tratado por la Sala de Gobierno" del Tribunal regional.

Así lo ha asegurado el TSJCM en nota de prensa, donde ha indicado que la competencia para aprobar la modificación de la demarcación judicial en España "es en última instancia del Gobierno central y de las Cortes Generales en su iniciativa legislativa, con la participación de las comunidades autónomas que tienen competencia en esta materia, entre ellas Castilla-La Mancha".

Además, señalan que la acción del CGPJ se limita en este asunto "a hacer una propuesta, que una vez reciba el visto bueno definitivo tras el proceso de consultas con las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia de todo el país, será elevada al Ministerio de Justicia para que sea tomada en consideración".

Nuevo mapa

El Alto Tribunal regional se ha pronunciado así tras la aprobación del Pleno del CGPJ en un Pleno extraordinario de su propuesta de un nuevo mapa de demarcaciones judiciales que propone la reducción de hasta los 190 partidos judiciales de las actuales 431 unidades judiciales de España.

Los vocales han acordado trasladar lo que denominan "documento de trabajo" a las Salas de Gobierno de los tribunales superiores de justicia, que tendrán 3 meses para presentar sus "sugerencias y aportaciones".

El documento, salvo algunas aportaciones de última hora agregadas por un grupo de vocales, corresponde al aprobado por el Pleno del órgano de gobierno de los jueces el pasado 19 de abril. Tras las aportaciones que puedan hacer los distintos órganos de gobierno del poder judicial, el documento será remitido al Ministerio de Justicia, que es el competente para producir a la reorganización del mapa judicial español. REORGANIZACIÓN,

No supresión

A lo largo de su comparecencia ante los medios, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, ha insistido en la "provisionalidad" del documento, cuyo objetivo es "abrir el debate", y ha negado que vayan a suprimirse partidos judiciales. "Se trata de reorganizarlos en un nuevo diseño", ha manifestado, aunque reconoce que en algunas poblaciones podrían desaparecer las sedes determinadas jurisdicciones, como la penal o la civil, en función del nuevo diseño.

El objetivo de esta iniciativa del CGPJ es superar el actual diseño, que data de 1988, con el fin de asegurar la proximidad de la justicia al ciudadano, lo que no está relacionado directamente, según Bravo, con el número de kilómetros que separen su domicilio del juzgado.

Para la nueva organización se han tenido en cuenta circunstancias sociales, geográficas y políticas que se amplían en un documento que harán público en las próximas horas. A juicio de Bravo, la propuesta no invade competencias de otros poderes del Estado que son, al fin y al cabo, los que deben tomar la decisión final sobre este asunto.

Así, ha señalado que el mapa propuesto por el CGPJ no pasa por señalar cuáles deben ser las cabeceras de partido en cada territorio, ya que dicha competencia corresponde al Ministerio y ha insistido en que los cambios, "aunque asustan a todos", no deben causar alarma. También ha descartado que el nuevo diseño judicial vaya a suponer pérdida de empleos.

Según explicó con motivo de la presentación del documento el pasado día 19, se desvinculará también el concepto de juez unido al del órgano unipersonal al tiempo que se optimizarán los recursos en atención al "delicado" momento económico.

Se aboga así por reducir la presencia del ciudadano en las oficinas judiciales a los supuestos "estrictamente necesarios" y fomentar el uso de las nuevas tecnologías. Entiende el CGPJ que la implantación del nuevo mapa judicial debe ser progresiva y apostar por una Justicia titular, relegando los interinos a supuestos excepcionales.

La reordenación de los partidos judiciales debe atender a las circunstancias geográficas, políticas y económicas de cada territorio, que ha señalado que las circunscripciones resultantes deberían tener una población superior a 100.000 habitantes para que el desplazamiento desde los núcleos de población hasta la cabecera no exceda de una hora.

La aplicación de estos criterios permitirá la reducción de los actuales 431 partidos judiciales a menos de la mitad, entre 190 y 200. En el 90% de las circunscripciones resultantes podrá procederse a la separación de jurisdicciones y la correspondiente especialización de los jueces; al despliegue de la nueva oficina judicial con servicios procesales y de ejecución comunes; a la implantación de gabinetes y servicios de todo tipo, y a la aplicación de las tecnologías que garanticen una mayor proximidad y un mejor servicio público, según los planes diseñados.

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