El abogado del exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, en la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) desde el pasado día 24 de abril a cuenta de su imputación por las irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Administración autonómica, ha recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla el auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza dictado por la juez Mercedes Alaya.

El letrado de Antonio Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, ha informado a Europa Press de que ha sido este mismo jueves, día en que finalizaba el plazo dado por la magistrada, cuando ha presentado el recurso de apelación en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, aunque no ha precisado el contenido del mismo "por respeto a las personas que deben conocer" del mismo.

En el auto de prisión, de 77 páginas, la juez Mercedes Alaya consideró que existe riesgo de que el imputado pueda sustraerse a la acción de la Justicia y de que pueda entorpecer la instrucción de la causa, precisando que el primero de ellos "resulta de haberse conocido en este momento la importancia de los indicios y por consiguiente, la gravedad de los delitos que se le imputan y de las penas que llevan aparejados, que podrían alcanzar hasta los 18 años de prisión por el delito de malversación continuada".

A juicio de la magistrada, "existe riesgo de fuga porque pese a tener suficiente arraigo familiar y laboral, la gravedad delictual y penológica expuesta y los importantes indicios que existen en la causa podrían generar el más que lógico temor ante una eventual condena", pues a Fernández, "dado los importantes cargos públicos que ha desempeñado y que a día de hoy aún desempeña, con importantes salarios mensuales, se le supone suficiente capacidad económica para dicha evasión, sin que el arraigo familiar pudiera ser obstáculo" para ello.

Asimismo, decretó la prisión para el exconsejero a fin de evitar que pueda entorpecer la instrucción de la causa, "pues ha puesto de manifiesto a lo largo de su declaración un más que evidente desconocimiento del estado actual de las actuaciones, de la documentación incorporada a la misma y de los datos que pueden incriminarle", lo que "unido a la multiplicidad de testigos e imputados presentes y futuros que se deriva de la presente instrucción, puede generar a medida que vaya conociendo dichos datos o documentación una notable influencia en los mismos".

Anticorrupción pide 890

Millones de fianza

En la comparecencia de medidas cautelares, la Fiscalía Anticorrupción pidió el ingreso en la cárcel del exconsejero de Empleo y la imposición de una fianza de responsabilidad civil de 890.052.666 euros, petición a la que se adhirieron las acusaciones que ejercen PP y Manos Limpias, mientras que el letrado de la Junta interesó que compareciera semanalmente en el Juzgado y que pagara una fianza de responsabilidad civil de 68 millones de euros, así como que se le retirara el pasaporte.

De su lado, el abogado de Fernández se opuso a su ingreso en prisión sin fianza al entender que la medida es "innecesaria y desproporcionada" y que su adopción "resulta improcedente desde la obligatoria observancia de los requisitos de necesidad, proporcionalidad, idoneidad y utilidad que preceptivamente exige cualquier medida de ingerencia o limitación de derechos fundamentales por parte de los poderes públicos".

Tras hacer referencia a "los efectos demoledores del decreto de una medida de prisión sobre el honor personal y la reputación de un dignísimo servidor público, que quedará definitivamente estigmatizado social y profesionalmente", el letrado alegó "la lejanía en el tiempo" de los hechos investigados, "con la consiguiente imposibilidad de continuidad delictiva y con la también consiguiente pero evidente imposibilidad de destrucción u ocultación de pruebas, o de influencia sobre terceros por vía de obstrucción a la Justicia".

Según el abogado,

No hay riesgo de fuga

También negó el riesgo de fuga, ya que, a su juicio, "que el exconsejero no presenta ningún riesgo de sustraerse a la acción de la Justicia, junto a su conocido arraigo familiar, laboral y social, lo indica el hecho constatable y acreditado de su disposición permanente hacia este Tribunal y hacia este procedimiento".

La juez Alaya imputa al exconsejero de Empleo cuatro delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y negociación prohibida a funcionario, así como otros dos delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil.

Fernández se convirtió en el tercer imputado que ingresa en prisión por el caso ERE tras el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, en la cárcel desde el 10 de marzo, y su exchófer, Juan Francisco Trujillo, que ingresó en prisión el 21 de marzo.