La sociedad gestora del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, ha celebrado este jueves una junta general de accionistas saldada con la aprobación de las cuentas de 2011, que arrojan beneficios por aproximadamente 526.000 euros si bien el resultado de explotación recoge pérdidas por valor de 2,4 millones de euros. Durante la sesión, han prosperado tanto las cuentas de 2011, como el informe de la gestión relativa a dicho ejercicio, aunque en ambos casos ha pesado el voto contrario de la asociación de mayoristas de fruta, verduras y hortalizas, socio minoritario de la compañía.

Según han informado a Europa Press fuentes de Mercasevilla, las cuentas de 2011 y el informe de gestión relativo al mismo año han prosperado gracias a los votos favorables de la representación del Ayuntamiento y de Mercasa, socios mayoritarios de esta sociedad mixta. Los mayoristas de fruta, socios minoritarios de Mercasevilla, han votado en contra de ambos aspectos. "Hemos votado en contra porque no se está invirtiendo en la mejora del mercado. Los empresarios no estamos satisfechos", ha dicho a Europa Press Fernando Castro, gerente de este gremio. Juan

Carlos cabrera,

Nuevo consejero de mercasevilla

La aprobación de las cuentas de 2011, además, incluiría una acotación en la que la vigente directiva de Mercasevilla, liderada por el concejal popular y sexto teniente de alcalde, Gregorio Serrano, como presidente de la empresa, se desligaría del periodo de 2011 correspondiente al anterior mandato, dado que entonces las riendas de la empresa estaban en manos de PSOE e IU-CA. La junta general de accionistas, igualmente, ha aprobado la incorporación del concejal socialista Juan Carlos Cabrera al consejo de administración de Mercasevilla en relevo de Eugenio Suárez Palomares, el ya exconcejal que representaba al PSOE en la sociedad mixta.

En septiembre de 2011, como se recordará, la nueva directiva de Mercasevilla anunciaba una "economía de guerra", al objeto de impedir que la empresa incurriese en causa de disolución, pues el patrimonio neto se reducía entonces a 61.000 euros negativos y las previsiones apuntaban a pérdidas por valor de 1,8 millones de euros para el cierre del ejercicio 2011. La empresa, de hecho, cerró 2010 con pérdidas por valor de 381.560 euros después de que 2009 se saldase ya con pérdidas de 4.123.666 euros.

Sobre esta sociedad mixta pesa además un pasivo de 9.046.976,95 euros por la financiación del expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007, al que se acogieron 40 trabajadores ahora prejubilados y de cuyas rentas se ha desligado la Consejería de Empleo pese a los documentos firmados por el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en la trama que investiga la juez Mercedes Alaya.

Balance de explotación negativo

De cualquier modo, las cuentas de 2011, según informaban a Europa Press fuentes de la empresa, arrojan beneficios por valor de 513.447 euros. No obstante, cabe precisar que el balance de explotación ha sido saldado con pérdidas de aproximadamente 2,4 millones de euros. En concreto, las cuentas de 2011 recogen ingresos de negocio por valor de 8.847.485 euros, gastos de personal por valor de 6.653.511 euros y otros gastos de explotación valorados en 4.372.943 euros. La empresa ha destinado además 756.455 euros a las amortizaciones financieras.

Sin embargo, sobre la cifra definitiva ha pesado un "exceso" positivo de aprovisionamiento de 2.887.477 euros y la recalculación de 1.711.000 euros recuperados de la partida sujeta al mencionado expediente de regulación de empleo de 2007.

Deudas de los empresarios y gastos en personal directivo

Otros aspectos de las cuentas de 2011, además, serían una reducción de los 1.291.112 euros registrados en 2010, a solo 10.421 euros, en cuanto a las deudas contraídas con la sociedad gestora del mercado central por el colectivo de empresarios minoristas. Los gastos de personal directivo habrían evolucionado de los más de 425.000 euros destinados en 2010 a este capítulo, a aproximadamente 241.000 euros en 2011, incluyendo tal extremo los despidos del exdirector adjunto Daniel Ponce y de la antaño coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial María Regla Pereira, ambos imputados en el presunto delito de cohecho que investiga la juez Alaya respecto a Mercasevilla.