El presidente de la Asamblea General de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte), Alberto Giménez, ha reclamado este viernes a la Generalitat 30 millones de euros adicionales para que las personas dependientes puedan ocupar las 4.000 camas que permanecen vacías en sus centros, pese a que existen 15.000 dependientes graves, en grado 2 y 3, en la región.

La ocupación de una plaza por un dependiente grave o severo en un centro tiene unos retornos positivos sobre el gasto de más de 7.000 euros anuales por plaza, como consecuencia de la creación de empleo y los efectos fiscales y a este ahorro hay que añadirle el que se genera en gasto farmacéutico y sanitario como consecuencia de la atención profesionalizada a la persona dependiente, ha recordado.

Giménez ha reclamado esta cantidad adicional sobre los cerca de 14 millones que el Gobierno autonómico adeuda a empresas del sector, —algunas con cantidades pendientes de cobro desde junio y otras desde enero—, durante la clausura de la Asamblea General de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte), en la que el conseller de Justicia Bienestar Social, Jorge Cabré, ha anunciado que "si no hoy, mañana o la semana que viene" abonará "entre seis o siete millones" de los pagos "atrasados".

Durante el acto, en el que también ha participado el presidente de Cierval, José Vicente González, Giménez ha trasladado al conseller una serie de propuestas en la línea de la colaboración público-privada y a la coordinación con los servicios sanitarios que según ha asegurado ahorrarían alrededor de 100 millones de euros anuales a la Administración de forma "inmediata" sin afectar a la calidad y cantidad de servicios que recibe el ciudadano.

En este sentido, el presidente de la patronal autonómica de la Dependencia ha subrayado a la necesidad de "reformar la Ley de la Dependencia para impulsarla" y ha avanzado algunas de las medidas del programa que defiende como la expedición de medicamentos directamente en las residencias, a través de profesionales farmacéuticos, "que se estima supondría un ahorro de cerca de 20 millones de euros".

Asimismo, ha apostado por "cambiar el modelo de financiación" de la norma de modo que la figura del "cuidador informal" no reciba más del 50% de la prestación por Dependencia para que el dinero vaya a la "atención profesional". Esto, además de generar puestos de trabajo, ha dicho, hará que las comunidades apoyen la ley porque "recibirán más fondos para prestar el servicio frente a los cuidadadores informales".

Además, ha abogado por "potenciar los servicios sanitarios en los centros geriátricos" y compartir con los hospitales los datos de los enfermos a través del sistema informático, cosa que reduciría a la mitad el los "más de 600 desplazamientos semanales" de personas mayores que se producen desde sus centros hasta los urgencias de los centros hospitalarios, minimizando así molestias al ciudadano y reduciendo el gasto que se produce por el uso de ambulancias y de los servicios de urgencia.

A su entender, la coordinación socio-sanitaria es un elemento "clave" en el medio plazo para conseguir "más eficiencia en el sistema" y como ejemplo, ha concretado que la utilización de recursos en relación a enfermos crónicos, convalecientes o necesitados de actividades rehabilitadoras.

Así, ha reclamado a la Administración que fomente al máximo la colaboración con los operadores en el terreno de la prestación de los servicios de atención a la dependencia como son el concierto y la prestación vinculada al servicio (PEVS).

A su vez, ha reivindicado el desarrolla del catálogo de servicios de la Ley de la Dependencia y, especialmente, la regulación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), un servicio complementario a la red de centros que sigue sin entrar en el sistema, a pesar de que es uno de los principales recursos asistenciales para la atención a personas en situación de dependencia que, además, les permite continuar en sus domicilios y evitar el desarraigo.

Por su parte, Cabré ha abogado también por hacer "cambios" en la Ley de la Dependencia "para que sea sostenible". Por el momento, esperará a ver hasta donde llega la reforma del Ministerio, pero en cualquier caso, desde la Conselleria ya tienen preparadas las "órdenes" para introducir cambios en la normativa, ha avanzado.