Un afectado por el abandono masivo de sus puestos de trabajo por parte de los controladores al inicio del puente de la Constitución de 2010, que se saldó con el cierre del espacio aéreo y más de 600.000 pasajeros afectados (unos 40.000 en Baleares), ha relatado este viernes ante el juez instructor cómo estos hechos le impidieron volar desde Palma para viajar hasta Guadalajara, donde su madre se encontraba gravemente enferma y finalmente falleció sin que él pudiese estar a su lado.

Así lo ha puesto de manifiesto en la declaración que ha prestado como testigo R.A. ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1, Juan Catany, en la que ha recordado el dolor que le supuso no poder estar con su madre en sus últimos momentos así como la "angustia" que le provocó esta situación, según han señalado fuentes jurídicas a Europa Press.

Es por ello que el afectado, representado junto a su mujer por el abogado Luis Vericat, socio del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, prevé solicitar una indemnización por daños morales. De hecho, la acusación particular, que representa a más de 8.000 afectados por el cierre del espacio aéreo, ya anunció que reclamaría una indemnización de aproximadamente 10.000 euros para cada pasajero que resultó perjudicado en las islas.

Tanto R.A. como su esposa, M.R., han recordado que únicamente pudieron logran un billete ya para las 11.40 horas del 5 de diciembre, cuando justo un día antes había fallecido la madre del afectado, por lo que tampoco pudieron estar presentes en el entierro de la mujer.

Junto a ambos testigos también han comparecido una decena de personas que también tuvieron que quedarse en tierra ante el caos aéreo producido, que provocó que el Gobierno decretara el estado de alarma por primera vez en democracia, así como la militarización de las torres de control de los aeropuertos españoles con lo que se pudo restablecer el tránsito aéreos 24 horas después.

El juez ya tomó declaración a los controladores que en las islas secundaron la huelga encubierta -más de 70 abandonaron sus puestos-, quienes coincidieron en asegurar que su estado anímico les impidió hacer su trabajo y negaron que sus bajas constituyesen una huelga encubierta ni "ningún boicot".

En sus distintas comparecencias, los imputados han alegado que debido a su "incapacidad psicofísica" se dieron cuenta de que no podían desarrollar su labor en condiciones normales, y apuntaron a un estado de "nerviosismo" debido al decreto aprobado por el Gobierno central por el que se modificaban sus condiciones laborales, lo que les llevó a presentar su baja.

De hecho, uno de ellos aseguró que empezó a encontrarse "mal" y que sufrió una "crisis de ansiedad importante". Las pesquisas van dirigidas a averiguar si los controladores incurrieron en un presunto delito de sedición, previsto y penado en el artículo 20 de la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea de 1964.