El archipiélago, con 1.083 millones, entre las CCAA donde menos dinero mueve el empleo irregular

Canarias, con 1.083 millones de euros, se encuentra entre las Comunidades Autónomas que menos dinero mueve en empleo irregular, según las estimaciones avanzadas este viernes por los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) a partir de datos de Eurostat.

Canarias, con 1.083 millones de euros, se encuentra entre las Comunidades Autónomas que menos dinero mueve en empleo irregular, según las estimaciones avanzadas este viernes por los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) a partir de datos de Eurostat.

El empleo irregular mueve en España unos 82.500 millones de euros, una tercera parte de los 244.134 millones de euros que circulan en 'dinero negro' y que equivalen al 23,3 por ciento del PIB.

Las cifras que maneja Gestha reflejan además que si se redujesen estos niveles de economía sumergida en diez puntos porcentuales del PIB, la recaudación adicional por cuotas sociales ascendería a 13.000 millones de euros.

Por comunidades autónomas, las mayores 'bolsas' de empleo sumergido se encuentran en Cataluña (14.766 millones), Madrid (12.350 millones) y Andalucía (11.549 millones), frente a los menores niveles de La Rioja (821,6 millones), Canarias (1.083 millones) y Extremadura (1.173 millones).

Respecto al cobro irregular de prestaciones por desempleo mientras se realiza una actividad sumergida, que el plan integral contra el fraude del Gobierno pretende atajar, Gestha señala que "no debe olvidarse que si este fenómeno se produce es precisamente porque detrás hay empresas que les contratan".

"Dichas empresas utilizan para ello dinero negro obtenido a través de diversos medios fraudulentos, como ocultar parte de las ventas y cobros, recibiendo facturas falsas o falseadas para simular gastos y pagos de mayor importe", añaden los técnicos de Hacienda.

Economía sumergida

"De este modo, una lucha más efectiva contra el fraude en materia fiscal atacaría también de raíz la economía sumergida en materia laboral", asevera.

Dicho esto, Gestha valora la decisión del Gobierno de aumentar la prescripción de los delitos contra la Seguridad Social de cinco a 10 años, lo que implicaría necesariamente doblar las penas vigentes de prisión. Sin embargo, los técnicos del Ministerio de Hacienda solicitan además que la misma medida se extienda a los delitos contra Hacienda.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento