El Ejecutivo de Ceuta que preside Juan Vivas (PP) ha abierto "un periodo de reflexión" junto a la Delegación del Gobierno y al Ministerio de Justicia para definir qué "cambios legales" va a reivindicar la Administración local al poder legislativo en atención a sus "peculiaridades" con el fin de restringir el empadronamiento de foráneos e impedir el de aquellos que no tengan tarjeta de residencia.

En declaraciones a los periodistas, Vivas ha explicado tras verse, el lunes, con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que las dos administraciones están de acuerdo en que la legislación "debe tenerse en cuenta las singularidades de Ceuta y Melilla como únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en África", su exclusión del 'territorio Schengen' y "el flujo de transfronterizos que cada día se reciben en ambas ciudades".

"El objetivo es respetar la ley vinculando la inscripción en el Padrón a la residencia efectiva", ha resumido el presidente ceutí, cuya Administración ya gestiona desde hace años con la máxima rigidez posible la admisión de foráneos sin permiso de residencia en el Padrón municipal pese a las sentencias judiciales recibidas en contra.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) "fijó" en 2008 su posición con respecto a la gestión política del Padrón ceutí ante la negativa sistemática de la Ciudad desde 2005 a admitir siquiera las solicitudes de empadronamiento de extranjeros sin tarjeta de residencia en España.

Tras emitir dos sentencias contradictorias en diciembre de 2006 y enero de 2007, el Tribunal decidió rechazar los recursos de apelación de la Ciudad Autónoma, que a partir de ahora estará obligada a tramitar (no necesariamente a admitir) las solicitudes de empadronamiento de los foráneos aunque carezcan de toda su documentación para permanecer regularmente en España.

La Consejería de Presidencia local dictó en mayo de 2005 una Resolución por la que acordaba "no proceder al empadronamiento por carecer de la preceptiva tarjeta de residencia". Varios afectados por este criterio llevaron el asunto ante la Justicia, que en primera instancia les dio la razón. En diciembre de 2006, el TSJA rechazó los argumentos de la Administración autonómica y dictaminó que "no puede exigírsele al acto apelado un requisito no previsto [poseer tarjeta de residencia en vigor] legalmente a efectos de su empadronamiento".

Un mes después, en enero de 2007, la misma Sala rubricó otra sentencia "la exigencia del número de la tarjeta de residencia en vigor, expedida por las autoridades españolas, resulta insoslayable".

En 2008 el Tribunal cambió de nuevo de criterio y decretó que "resulta incuestionable que la Ley 7/1985 es de una claridad meridiana: a los nacionales de Estados de la UE (y a otros cuyos ciudadanos con regímenes jurídico tengan este mismo régimen jurídico) se les exigirá el número de la tarjeta de residencia en vigor o, en su defecto, número del documento acreditativo de la identidad o pasaporte en vigor expedido en su país de procedencia", pero "para los ciudadanos de un Estado no comprendido en la relación anterior [como Marruecos] no se dispone nada al respecto sobre tarjeta de residencia".

La población de la ciudad creció durante el año pasado en 1.444 personas hasta llegar a 83.820 empadronados. La mitad de ese aumento (729 individuos, un 14,8% más) son foráneos, aunque la tasa de habitantes extranjeros local sigue muy por debajo de la media nacional (6,7%). El Ejecutivo ceutí liga este incremento a la proliferación de construcciones ilegales en diferentes barriadas de la periferia.