Agentes de la Guardia Civil de Segovia han detenido como resultado de la 'Operación Darío' a cinco personas como presuntos miembros de una red que se dedicaba a regularizar fraudulentamente inmigrantes de origen hindú utilizando los registros municipales de parejas de hecho.

Los detenidos son dos varones con iniciales G.S. y M.S, ambos de nacionalidad hindú, y tres mujeres españolas con iniciales V.V.S, S.S.S. y M.C.O.C. A los cinco se les atribuyen delitos de inmigración clandestina, falsedad documental y usurpación del estado civil, según informan a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Segovia.

Según las investigaciones, ciudadanos de origen hindú con residencia en Valencia contactaban con compatriotas con necesidad de regularizarse en España y dispuestos a pagar por ello, que eran después trasladados a registros municipales de distintas provincias, varios en Segovia, acompañados de una mujer de nacionalidad española, miembro de la red, para ser inscritos como pareja de hecho.

Las mujeres previamente se empadronaban en el municipio con falsas identidades, de forma que podían repetir el proceso en sucesivas ocasiones, quedando su verdadera identidad a salvo.

Una vez obtenido el certificado de inscripción como pareja de hecho, el ciudadano extranjero solicitaba en la Subdelegación del Gobierno correspondiente la autorización de residencia como familiar de ciudadano comunitario.

Los inmigrantes pagaban a la red alrededor de 10.000 euros por conseguir la regularización, mientras que las mujeres que participaban cobraban entre 1.000 y 2.000 euros en cada ocasión.

La Subdelegación ha recordado que desde noviembre de 2010 las parejas de hecho registradas se han equiparado a matrimonios para solicitar la autorización de residencia como familiar de ciudadano europeo.

La regularización de parejas de hecho es una competencia delegada en las comunidades autónomas. Una vez conseguida la inscripción con esta fórmula, se inicia un proceso de regularización que otorga a los ciudadanos no comunitarios la posibilidad de beneficiarse de los mismos derechos que los comunitarios, entre ellos la reagrupación familiar. La Guardia Civil prosigue con las investigaciones y no se descartan más detenciones.