El Ayuntamiento de Segovia recurrirá a la Unesco para conocer su opinión acerca de la construcción de un inmueble a los pies del Alcázar, en el número 25 de la calle San Marcos, que ha suscitado la polémica por el volumen y la altura proyectados y el supuesto impacto visual negativo hacia el paisaje y monumentos como la fortaleza y la iglesia románica anexa.

El edificio, donde la propiedad prevé tener listos para finales de año entre seis y siete apartamentos turísticos, ha generado el rechazo de instituciones y colectivos, entre ellas la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce y los Amigos del Patrimonio, así como un incesante rosario de acusaciones entre PP, PSOE e IU.

El caso, a través de una denuncia del único edil de IU, Luis Peñalosa, ha llegado hasta la Fiscalía Provincial, que está pendiente de emitir resolución al respecto.

También ha sido objeto de debate en las comisiones competentes de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, que incide en que todas sus decisiones se han atenido escrupulosamente al cumplimiento de sus obligaciones en el marco de competencias que le otorga la normativa vigente y en la total competencia del Ayuntamiento para tomar la decisión ajustada al plan en cuyo ámbito se encuentra el edificio (Plan Especial de San Lorenzo, Valle del Eresma y San Marcos).

El requerimiento a la organización de las Naciones Unidas ha sido propuesto por el Grupo Municipal de IU a través de una moción defendida este lunes en el Pleno, en la que se insta a consultar cómo afecta la construcción al conjunto histórico protegido así como a promover contactos con la propiedad para llegar a un acuerdo económico.

Además, IU pide la Junta de Castilla y León que asuma su responsabilidad en este asunto y reconozca que ha habido un error de interpretación de la Ley de Patrimonio Cultural.

El Grupo Municipal Socialista, cuyos votos a favor han permitido sacar adelante la moción, ha aclarado a través de su portavoz, Javier Giráldez, que es la Junta la que debe asumir la compensación económica en caso de llegar a un acuerdo con los propietarios, que según ha manifestado el alcalde, Pedro Arahuetes, ha remitido una carta al Consistorio para indicar la cantidad con la que en su caso podría estudiarse el consenso (2.205.000 euros netos, a los que se añadirá el coste final).

El primer edil, en declaraciones recogidas por Europa Press, se ha mostrado a favor de un informe de la Unesco, que no será preceptivo ni vinculante como sí lo fue, como ha dicho, el que emitió en su día la Comisión de Patrimonio.

El portavoz del PP, Jesús Postigo, ha insistido por su parte en que no se debía haber autorizado la licencia y en que había argumentos legales para evitar la situación, por lo que ha aseverado que no sólo la Comisión territorial sino también el Consistorio deben solucionar el problema. Para el portavoz, llamar a la Unesco es "perjudicar" a Segovia, ya que el Gobierno municipal "sabe lo que se debe hacer y no se debería haber hecho".