El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, la presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía (CCA), Emelina Fernández, y el presidente de la comisión gestora del Colegio de Periodistas de Andalucía, Andrés García, han firmado este jueves un protocolo de colaboración que pretende mejorar la calidad de la información judicial y las relaciones entre los medios de comunicación y los tribunales de justicia.

Las tres instituciones han elegido esta fecha, Día Internacional de la Libertad de Prensa, y el emplazamiento, el Oratorio de San Felipe Neri (Cádiz), donde se promulgó la Constitución de Cádiz de 1812 —que por primera vez en España establecía la libertad de expresión, de prensa y de imprenta—, para rubricar un documento el que se consagra el papel trascendental que desempeñan los medios de comunicación como garantes del principio constitucional de publicidad de las actuaciones judiciales.

Los firmantes de este protocolo, impulsado por el Consejo Audiovisual de Andalucía, creen oportuno promover en estos días una reflexión sobre la necesidad de asegurar "en cualquier circunstancia" un contexto social y mediático que garantice la independencia e imparcialidad de los tribunales de Justicia, conciliando el derecho a difundir y recibir información judicial de interés general con el respeto a los derechos fundamentales de las personas implicadas en la acción de la justicia.

Así, el documento establece cuatro grandes objetivos: satisfacer el principio constitucional de información y de publicidad de la justicia "desde el rigor, la calidad y el respeto a otros derechos y libertades constitucionales"; dar a conocer los principios y características del sistema judicial "como poder independiente para la resolución de conflictos"; así como mejorar la imagen de la Justicia haciendo su función "más transparente y accesible".

Por último, el protocolo de colaboración persigue abrir un cauce de diálogo permanente que, desde el respeto absoluto a la legislación vigente y a la deontología periodística, contribuya a resolver las trabas que dificulten la "necesaria relación" entre los profesionales de la justicia y del periodismo y a prevenir "la reiteración de los problemas observados en el cumplimiento de la misión de informar de los procesos judiciales".

Transparencia judicial y rigor periodístico

La "constatación" por parte del Consejo Audiovisual de Andalucía de prácticas contrarias a la ética periodística y el rigor informativo, el fomento de juicios paralelos y la vulneración de derechos fundamentales de los menores en el tratamiento mediático ofrecido por algunas televisiones del juicio por el caso Marta del Castillo, ha llevado al Consejo a promover este compromiso oficial por parte de los agentes implicados en la información de tribunales: periodistas y profesionales de la Administración de la Justicia.

En este sentido, la presidenta del CCA ha asegurado que se recibieron más de treinta quejas ciudadanas por la información del caso de Marta del Castillo y ha puesto otros ejemplos como el caso de la condena y posterior absolución de Dolores Vázquez; para terminar enfatizando que la información "es un derecho, no un espectáculo".

En el caso del TSJA, con la firma de este documento manifiesta su voluntad de transparencia e info0rmación en los términos que las leyes establecen y se compromete a poner al alcance de los periodistas toda la información necesaria para que puedan realizar su trabajo "con la máxima previsión y rigor posible". Por ello, su gabinete de comunicación será "la herramienta fundamental" para este cometido, y respetará los principios de transparencia e igualdad "en cualquier información que se facilite", según ha destacado Lorenzo del Río.

Además, en virtud del principio de publicidad de la justicia, la administración judicial "garantizará el acceso igualitario a todos los medios informativos a actos institucionales y a las salas de vista, procurando ofrecerles unas adecuadas condiciones de trabajo".

No obstante, y conscientes de que la presencia de cámaras de televisión y resto de medios pueden "perturbar" el desarrollo de un proceso "e incidir en el comportamiento de las personas implicadas", se elaborará una guía de buenas prácticas dirigidas a jueces y periodistas que definan las condiciones de acceso a los recintos judiciales y a la información. En la actualidad, no existe en España una norma que regule el uso y las condiciones de grabación en el interior de recintos judiciales.

Por su parte, los medios de comunicación se comprometen a impulsar la adopción de códigos deontológicos que mejoren la calidad de la información sobre procesos judiciales y contribuyan a "armonizar" las libertades y derechos constitucionales en la obtención y tratamiento de la información. Entre estos derechos básicos se encuentra la presunción de inocencia, que debe prevalecer en todo el proceso hasta que se dicte sentencia.

Para ello, el CCA elaborará y publicará un documento con recomendaciones generales que puedan ser de utilidad tanto a los periodistas como a los jueces durante el cumplimiento de la función de informar. También emitirá informes y dictámenes pertinentes para garantizar que los medios de comunicación no fomenten los juicios paralelos y vigilen especialmente en la información que emitan el respeto de los derechos que asisten a las víctimas, los menores de edad y los testigos implicados en los procesos judiciales.

Una comisión tripartita vigilará el cumplimiento de este protocolo y lo adaptará, en su caso, a nuevas circunstancias y situaciones que pudieran sobrevenir.