El Consejo de Gobierno de Extremadura ha autorizado el encargo, a la Sociedad de Gestión Pública de la comunidad (GPEX), de la prestación de actividades para promover la responsabilidad social empresarial en la región, con un presupuesto de 73.888 euros.

El citado encargo contempla un conjunto de acciones que tienen por objetivo promover la responsabilidad social empresarial definida como la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores.

Entre otras actividades, se persigue el impulso al Observatorio de Responsabilidad Social Empresarial de Extremadura, que se configura como una herramienta activa, dinámica y de consulta, a disposición de las empresas extremeñas, o con sede en Extremadura, cuyo objetivo es el asesoramiento para la puesta en marcha de prácticas responsables en materia social, medioambiental, económica y de transparencia.

Asimismo, se establece la necesidad de elaborar un Plan Estratégico de la RSE que monitorice las actuaciones en materia de responsabilidad social empresarial en la región extremeña, informa el Ejecutivo autonómico.

Actividad artesana

Por otra parte, el Consejo de Gobierno regional ha aprobado un decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el fomento y apoyo de la actividad artesana en la comunidad, y se autoriza la convocatoria para el ejercicio económico de 2012, con una dotación económica de 300.000 euros.

El decreto de ayudas tiene como prioridad el apoyo al sector artesano para impulsar el desarrollo y la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas artesanas, para favorecer su crecimiento y rentabilidad, ayudando a paliar las dificultades que experimenta el sector como son el escaso número de canales de comercialización y las dificultades asociadas a la distribución.

Así, constituyen objetivos del decreto apoyar la modernización de las actividades artesanas mejorando sus condiciones de rentabilidad, gestión y competitividad en el mercado, y colaborar en la creación de cauces de comercialización adecuados.

El decreto establece dos líneas de ayudas cuyo procedimiento de concesión se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, una destinada a inversiones en medios de producción y comercialización, y otra a actividades formativas.