Bilbao
Casco viejo de Bilbao, en el País Vasco.  GTRES

Dada la magnitud del problema de los desahucios, el Gobierno puso en marcha el ya famoso Código de Buenas Prácticas, al que se sumaron 86 bancos y cajas, casi la totalidad. El plan es más voluntarista que efectivo, ya que deja todo en manos del banco y su mayor o menor voluntad.

Algunas comunidades autónomas intentan ir más allá. En el País Vasco se ha creado un servicio de mediación; en Navarra se ha aprobado la dación en pago para familias sin ingresos (trasponiendo el decreto-ley del Gobierno central). 

Mediación y alquiler social

El Gobierno Vasco va a poner en marcha un servicio integral de asesoramiento y mediación para evitar los desahucios y minimizar sus efectos en el caso de que se produzcan.

El servicio consta de tres pilares: el asesoramiento a la hora de contratar una hipoteca; la mediación entre las entidades bancarias y las personas o familias que padecen un sobreendeudamiento; y la decisión de facilitar viviendas en alquiler a quienes hayan sido desahuciados y estén en riesgo de exclusión social.

Habrá vivienda en alquiler para las familias en riesgo de exclusión socialLa primera fase del servicio se basa en el Instituto Vasco de Consumo-Kontsumobide. Las personas que lo deseen podrán acudir a sus oficinas o consultar por internet con los especialistas de este servicio que les asesorarán sobre cuál es la oferta que más les conviene a la hora de contratar un crédito hipotecario.

La segunda fase del servicio es la mediación, una prestación pública y gratuita que intentará que las entidades bancarias o cajas de ahorro lleguen a un acuerdo con los usuarios en el caso de sobreendeudamiento para evitar desahucios.

Una vez que se ha llegado al desahucio, el Gobierno Vasco facilitará, "cuanto antes", una vivienda en alquiler protegido a aquellas personas o familias a las que la pérdida de su domicilio habitual como consecuencia de una ejecución hipotecarias sitúe en grave riesgo de exclusión social.

Para poder acceder a este servicio de mediación, voluntario para todas las partes, el préstamo hipotecario no podrá superar los 350.000 euros y será independiente de si existe o no un proceso judicial en curso.

En Euskadi, en el 95% de los casos de sobreendeudamiento familiar los clientes llegan a acuerdos con sus bancos y que este servicio irá dirigido principalmente al 5% restante.

Navarra se adapta a la ley estatal

En Navarra, su Parlamento aprobó hace unos días un proyecto de ley foral para trasladar a la normativa foral la dación en pago de viviendas de acreedores sin recursos.

La ley foral traspone a la Comunidad foral las medidas fiscales derivadas del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos aprobado por el Ejecutivo central.

Estas medidas podrán consistir en una reestructuración de la deuda hipotecaria a través de una carencia en la amortización de capital y en una reducción de los tipos de interés, en una quita sobre el conjunto de la deuda o, en último término, la dación en pago de la vivienda habitual como instrumento para saldar por completo la deuda hipotecaria.