La directora general de Acción Social y Mayores, Pilar Albert, ha asegurado que la modificación de la orden de Renta Garantizada de Ciudadanía persigue "cubrir las necesidades de más personas" y, en este sentido, ha achacado al "desconocimiento absoluto" de esta cuestión las críticas vertidas por la concejal socialista del Ayuntamiento de Valencia, Anaïs Menguzzato, quien ha denunciado que ese cambio afectará a 2.000 familias de la ciudad que tienen pendiente desde 2011 cobrar esa prestación y ahora se quedarán sin percibirla.

En un comunicado, Albert ha pedido a Menguzzato que "aclare si lo que prefiere para nuestra Comunitat es implantar un modelo como el que existe en Andalucía con el gobierno socialista, y que sólo contempla seis meses de cobertura para los más necesitados".

A su juicio, "es absurdo" que la edil socialista "diga que se quiere eliminar la Renta Garantizada de Ciudadanía cuando el Gobierno valenciano ha aumentado la partida presupuestaria, pasando de 18 millones de euros en 2011 a 23.665.000 euros para este año".

Ha valorado, en este sentido, que el presupuesto destinado al programa de Renta Garantizada de Ciudadanía "ha aumentado un 200 por ciento en los escasos tres años que lleva de aplicación", al pasar de los seis millones presupuestados en 2008 a 18 millones en 2011.

Albert argumenta que, en 2012, siguen esa misma tendencia al aumentar esa partida en 5,6 millones, hasta 23,6 millones de euros.

En cuanto al número de beneficiarios, subraya que se ha incrementado en un 1.475 por ciento en ese período, al pasar de 1.143 personas a las cerca de 18.000 que esperan atender este año.

Así, ha negado que se produzcan "restricciones" o "recortes" en este tema, en el que asegura que únicamente se ha procedido a "ajustar la norma a las necesidades de tramitación y a la verdadera esencia y finalidad de la norma".

Albert defiende asimismo que, en la tramitación de la citada orden, "se ha seguido de forma rigurosa y escrupulosa todos los trámites exigidos por la legalidad vigente", lo que incluye el correspondiente informe de la Abogacía de la Generalitat y el trámite de audiencia a las distintas entidades representativas de derechos e intereses colectivos, en concreto a la Comisión de Seguimiento de la RGC.

Al respecto, recalca que el texto recoge sus observaciones y, por tanto, sostiene que "carece de fundamento" la afirmación de Menguzzato acerca de que "vulnera la legalidad, el Estatuto de Autonomía y el espíritu inicial de la norma".

Pilar Albert desmiente asimismo que las familias solo vayan a recibir el dinero correspondiente a un mes, puesto que la normativa vigente mantiene la duración del periodo de la prestación hasta un total de 36 meses, independientemente de la fecha de la solicitud.

Respecto a la afirmación de que se elimina el efecto retroactivo, incide en que esa medida "no supone ningún recorte ni en cuantía, ni en tiempo", ya que su finalidad es "garantizar la distribución periódica de la ayuda, coherentemente con el carácter prestacional que reviste esta ayuda, evitando la desnaturalización de su finalidad que, con la normativa anterior, se venía produciendo".

De hecho, recalca que ésa "es la línea en la que están trabajando todas las comunidades autónomas".

También tilda de "totalmente falsa" la afirmación de que el periodo de prestación máximo se ha reducido a seis meses y recalca, en este sentido, que "sigue siendo de 36 meses, un periodo muy por encima de la media nacional".