El titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de investigar el agujero económico de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo, ha ordenado embargar a Vicente Ros, consejero delegado de Notec —empresa que gestionaba el tratamiento de los lodos— varias fincas, cuentas bancarias y plazas de garaje para cubrir la fianza fijada contra él, que asciende a 2.700.000 euros.

Así consta en uno de los últimos decretos firmados por el magistrado, con fecha de este 26 de abril, que ha sido facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

En concreto, el magistrado fijaba para Ros una fianza de 2.700.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse en el transcurso del procedimiento. Para cubrirla, le pedía que indicase sus bienes susceptibles de embargar.

Así, el juez le ordena embargar el saldo de una cuenta bancaria; dos fincas rústicas y el cinco por ciento de su participación en otra finca de estas características; dos fincas urbanas; una plaza de garaje; un trastero; tres planes de pensiones; sus participaciones (50 por ciento) en una mercantil; y otras participaciones en otra entidad; además de la parte legal que corresponda de su sueldo por su trabajo en una empresa; y la devolución tributaria por importe de 2.107,16 euros en concepto de IRPF correspondiente al ejercicio 2010. También le embarga los rendimientos derivados del arrendamiento de inmuebles.

Por otro lado, en otra providencia, el magistrado da por interpuesto el recurso presentado por el exgerente de la Entidad Pública de la Generalitat de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), José Juan Morenilla, contra el auto de fecha 10 de abril de 2012, por el que se acordaba tenerle como imputado en la causa. Además, ordena que se traslade el mismo al ministerio fiscal y a las demás partes personadas para que aleguen lo que estimen oportuno en el plazo de dos días.

El juez también ordena unir al procedimiento las hojas histórico-penales de Morenilla, Ignacio Bernácer, Nina Kurales y Oleksandr Kurales, así como de Vicenta José Fortuny, en las que se deja constancia de que ninguno de ellos tiene antecedentes penales.