El alcalde de San Vicente de la Barquera, Julián Vélez, lamenta que el recurso de la Fiscalía Superior de Cantabria a la sentencia que le absolvió de un delito de prevaricación urbanística relacionado con una licencia en el Parque de la Naturaleza de Oyambre suponga una "prolongación" de un tema que el veía "totalmente cerrado".

A preguntas de los medios, el alcalde y presidente de la Federación de Municipios de Cantabria, ha mostrado su "respeto" a la medida de la Fiscalía, que cree que se habrá apoyado en argumentos, si se ha hecho así.

Pero era un asunto que él, tras la sentencia, veía "totalmente cerrado", por lo que ha lamentado que suponga una "prolongación más" de un tema que "ha durado excesivamente" y que "debía finalizar ya".

Hace un mes, la Audiencia de Cantabria absolvió a Vélez (presidente de la Federación de Municipios y exdiputado regional por el PP) y otro tres ediles acusados de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.

Se les acusaba de autorizar la licencia a 18 viviendas en La Argolla, en suelo urbano, dentro del Parque Natural de Oyambre sin contar con el preceptivo informe de la Consejería de Ganadería, responsable de la ordenación de los espacios naturales.

Y el Ministerio Fiscal, que ha recurrido la absolución, pedía contra ellos penas de dos años y medio de prisión y once de inhabilitación para cargo público, para cada uno de ellos, además de la demolición de la obra.

La Sección Tercera se basa para la sentencia absolutoria en que Vélez y los tres ediles (Serafín Bada, Luis Martín Dávila y Ángel Chaves —Izquierda Unida, que gobernó en coalición con el PP durante un período tras una moción de censura —) actuaron en base a informes técnicos que no les avisaron de que era necesaria esa autorización.

Además, recuerda la situación de "confusión jurídica" y la "incertidumbre" que en torno al 2005 provocaron los cambios normativos en las leyes de protección del medio natural y sus efectos sobre la ley que en su día declaró a Oyambre como Parque Natural.

Lo que sucedía es que los terrenos eran urbanos, y tanto la Ley de creación del Parque de Oyambre como el posterior PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, que regula su funcionamiento) excluían este tipo de suelos de su protección.

Pero en el intervalo de la aprobación del PORN se aprobó la Ley de Conservación de la Naturaleza, que derogaba precisamente la parte de la Ley de Oyambre que excluía al suelo urbano de la protección, creando una "confusión jurídica" en los municipios de la zona, que admitieron técnicos de Ganadería y que la Audiencia de Cantabria entiende.