PSOE-A reclama que el Congreso debata antes del verano la iniciativa del Guadalquivir de delegación de competencias

El PSOE-A va a reclamar, a través de sus diputados en el Congreso, que la proposición de Ley Orgánica para la delegación de competencias a Andalucía sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por territorio andaluz sea debatida en dicha Cámara antes del verano.

El PSOE-A va a reclamar, a través de sus diputados en el Congreso, que la proposición de Ley Orgánica para la delegación de competencias a Andalucía sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por territorio andaluz sea debatida en dicha Cámara antes del verano.

Fuentes del PSOE-A han manifestado a Europa Press que van a "presionar" para que dicha iniciativa se debata en el actual periodo de sesiones y han lamentado que desde el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en el Congreso, se estén poniendo "obstáculos" para que ello sea así.

Como se recordará, el 13 de septiembre de 2011, el Pleno del Parlamento andaluz dio luz verde por unanimidad a la tramitación de la proposición de Ley Orgánica que presentó el grupo parlamentario socialista para la delegación de competencias a la comunidad sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por territorio andaluz y sobre lo que el Congreso de los Diputados tiene la última palabra.

Concretamente, la proposición de ley orgánica que se remitió al Congreso para su debate plantea la habilitación de instrumentos de coordinación entre las administraciones central y autonómica para evitar la fragmentación o compartimentación de la gestión, mientras se atribuye al Estado velar por el respeto de las competencias de las comunidades autónomas que, aunque de forma minoritaria, tienen terrenos incluidos en la cuenca hidrográfica.

Entre las competencias que se propone delegar a la comunidad, destacan las relativas a concesiones de recursos hídricos; administración y gestión del registro de aguas y del censo de vertidos autorizados; policía de aguas y cauces; autorizaciones de vertidos y de uso del dominio público hidráulico; procedimientos sancionadores; sistemas automáticos de información hidrológica; deslindes de cauces, y cesiones de derecho al uso privativo de las aguas (en coordinación con la Administración central).

La proposición no incluye la delegación de las competencias que inciden sobre el régimen jurídico de las aguas, cuyo ejercicio se reserva íntegramente al Estado junto con las correspondientes fórmulas de control adicional constitucionalmente permitidas. De igual modo, se excluyen atribuciones relativas a normativas básicas de protección del medio ambiente, las obras públicas hidráulicas de interés general y la planificación hidrológica de la demarcación.

Los grupos ya tienen designados a sus respectivos portavoces, tres diputados autonómicos, que intervendrían en el debate de la iniciativa en el Congreso de los Diputados: Carolina González Vigo (PP-A), Mario Jiménez (PSOE-A) y José Antonio Castro (IULV-CA).

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