A las 7,00 horas de este jueves efectivos antidisturbios de la Guardia Civil se han personado en la finca pública de Somonte, en el término municipal de Palma del Río (Córdoba), para proceder al desalojo, por orden judicial, de los jornaleros en paro que la ocuparon el pasado 4 de marzo y que la han estado cultivando desde entonces. El desalojo se ha llevado a cabo sin que se registren incidentes.

Según ha informado el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que había promovido y respaldado la citada ocupación junto con el Sindicato de Obreros del Campo (SOC), los jornaleros ocupantes, unos 500 inicialmente, han venido realizando obras de mejora como la creación de un huerto, recuperación y labranza de una hectárea de terreno para la siembra de pimientos, la plantación de olivos, el arreglo y mejora de las instalaciones de riego o la creación de un gallinero, entre otras acciones, para darle un uso social a Somonte.

La finca, de 359 hectáreas en secano y 41 en regadío, "no estaba dando empleo alguno, más que a un cuidador, y se encontraba en proceso de venta en subasta por parte de la Junta de Andalucía. Dicha venta hubiera significado que sus compradores, banqueros, terratenientes o especuladores, pasaran a beneficiarse de subvenciones europeas, ayudas públicas y en su caso ganancias obtenidas por una explotación agrícola extensiva e industrializada (para biodiesel, transgénicos, etcétera), pero sin generar prácticamente ningún puesto de trabajo".

Al mismo tiempo, según ha destacado el SAT, "1.700 habitantes de Palma del Río y más de 4.000 en la comarca, en su mayoría jornaleros sin tierra, están sufriendo el desempleo, los recortes sociales y los desahucios de sus viviendas, soportando situaciones indignas de pobreza y desesperanza".

El SAT se reunió con la Consejería de Agricultura "para intentar una vía de negociación que evitara la venta de esta finca pública y la cesión del uso y explotación de la misma por cooperativas de jornaleros y jornaleras, un modelo exitoso que está garantizando el pleno empleo en localidades como Marinaleda (Sevilla)".

Por eso, el SAT lamenta que la Junta de Andalucía "haya optado por la vía de la represión, en vez de explorar un camino de dialogo que hubiera llevado a resolver el problema del desempleo en una de las comarcas más castigadas por este drama".