El Gobierno ya se ha puesto en contacto con las autoridades bolivianas por la decisión de expropiar las acciones de Red Eléctrica Española (REE) en una empresa transportadora de energía en este país y cree, por las "primeras impresiones", que se trata de un caso "muy diferente" a lo sucedido con YPF.

Así lo han explicado fuentes de Moncloa, que han comentado que los ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de Industria, Energía y Turismo están analizando la información sobre este anuncio hecho por el presidente de Bolivia, Evo Morales.

Las citadas fuentes de Moncloa han informado de que el Gobierno sigue la "evolución" de este acontecimiento y entiende que, a tenor de las primeras informaciones, este caso es "muy diferente" a la expropiación por parte del Gobierno de Argentina del 51% de YPF, la filial en este país de Repsol. Además, han subrayado el compromiso "firme" del Ejecutivo de Mariano Rajoy con la defensa de los intereses de las empresas españolas en el extranjero.

Las fuentes también han informado de que Rajoy está "totalmente informado" de la evolución de los acontecimientos y en contacto tanto con el ministro de Asuntos Exteriores, Jose Manuel García-Margallo, como con el de Industria, José Manuel Soria.

El embajador de España en La Paz, Ramón Santos, ha dicho que la expropiación "fue una sorpresa, sin duda", y "no ha gustado" al Gobierno de Madrid. "Una medida de este tipo genera desconfianza en el país a la hora de atraer inversiones extranjeras. Mi gobierno ha emitido ya un comunicado en el que dice que está analizando la situación y va a hacer el seguimiento de cómo evoluciona el caso y, en su momento, quizá haga un pronunciamiento", agregó Santos.  Según el diplomático, ahora lo deseable "es que ambas partes, empresa y Gobierno, se sienten y negocien de buena fe una indemnización justa".

Tras tener conocimiento de la decisión de Morales, esos dos departamentos analizaron la situación y llevaron a cabo una recopilación de datos que, en primera instancia, han llevado al Ejecutivo a resaltar las notables diferencias existentes entre este caso y el de la expropiación de YPF en Argentina.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha mantenido una conversación telefónica con su homologo de Bolivia, David Choquehuanca, después de la decisión de presidente de este país. Fuentes del Gobierno han informado de esa conversación, en la que el jefe de la diplomacia boliviana ha expuesto los motivos de la expropiación.

Aunque las fuentes citadas no han aportado más detalles de esa charla, han insistido en recalcar que no se trata de un caso similar al de la expropiación de YPF por parte de las autoridades argentinas de YPF. En esa línea, han señalado que, por el momento, no se ha decidido que el jefe de la diplomacia española inste al embajador boliviano en España a mantener una reunión con él para pedir explicaciones por lo ocurrido.

La dirección del PSOE está analizando las consecuencias de la expropiación de las acciones de Red Eléctrica Española (REE) en una empresa transportadora de energía en Bolivia y aguarda la posición que ante ese hecho adopte el Gobierno español.

Fuentes de la dirección socialista han informado de que tras tener conocimiento de esa expropiación, está recopilando información sobre los detalles de esa decisión. Al mismo tiempo, aguarda que el Ejecutivo de Mariano Rajoy exponga su opinión ante este hecho.

El portavoz de Economía de Izquierda Unida en el Congreso, Alberto Garzón, ha defendido la decisión de Bolivia de expropiar las acciones de Red Eléctrica Española (REE) en una empresa transportadora de energía y ha considerado que, con ello, el país que preside Evo Morales "camina hacia adelante en soberanía". Garzón ha hecho estos comentarios en su cuenta de Twitter, en la que subraya que la expropiación de una empresa es legítima si se adecúa a la Constitución vigente en cada país.

El diputado de IU ha añadido que, con esa decisión, Bolivia tiene más instrumentos para diseñar su política económica, y ha comparado esa situación con la de España: "nosotros —ha señalado— seguimos atrapados, pero con más nacionalismo primario". Además, ha subrayado que España no puede avanzar dependiendo de la explotación de recursos ajenos y necesita recuperar instrumentos económicos: sus empresas.

Por su parte, el diputado de IU Gaspar Llamazares, en la misma red social, ha señalado que mientras el Gobierno español utiliza la crisis para "el saldo de empresas públicas", los latinoamericanos "crecen y nacionalizan lo estratégico".

UPyD ha expresado su "más enérgica protesta" por la decisión de Bolivia y ha pedido al Gobierno "mayor firmeza a la hora de poner coto a esta ola nacionalizadora". En una nota de prensa, el responsable de política exterior de UPyD, Fernando Maura, ha afirmado que esta nueva expropiación y la de YPF, filial argentina de Repsol, "obedecen a una espiral contra los intereses españoles en América Latina".

Según UPyD, esta decisión del presidente de Bolivia, Evo Morales, muestra "una debilidad extrema de nuestro gobierno para afrontar con seriedad y firmeza las denuncias correspondientes ante los organismos internacionales". "Desde UPyD mostramos nuestra repulsa por esta acción que viola todos los tratados internacionales y que muestra la enorme inseguridad jurídica con la que se mueven las inversiones extranjeras en estos países", ha añadido Maura.

Además, ha solicitado al Ejecutivo "mayor firmeza a la hora de poner coto a esta ola nacionalizadora que afecta a nuestros intereses en el exterior". Maura ha demandado además a Morales que reconsidere el decreto emitido "en base a los criterios y cláusulas del contrato establecido entre la empresa española y el Estado boliviano".