El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, ha reiterado este miércoles que "la Xunta lo que hizo fue cumplir con la legalidad dando respuesta a la sentencia" de Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) al sobreseer el procedimiento que proponía sancionar a la empresa Construcuatro por invadir el dominio público marítimo-terrestre con un edificio en Sanxenxo (Pontevedra) y ha asegurado que da el mismo trato a Telmo Martín —socio de la promotora y militante del PPdeG— que al resto de ciudadanos.

"No vamos a beneficiar a Telmo Martín por su condición, pero tampoco lo vamos a perjudicar. Otros gobiernos de la Xunta sí actuaron contra los intereses de Telmo Martín por ser miembro del PP", ha acusado el conselleiro, en respuesta a una pregunta del diputado del PSdeG Ismael Rego, que ha considerado "una sorpresa" que el pasado 24 de noviembre el Consello de la Xunta acordase validar la resolución de 2005 que sobreseía el expediente sancionador y que no incluyese la decisión en la referencia que se publica de la reunión del Gobierno gallego.

Hernández ha defendido que la Xunta siguió "en todo momento" el mecanismo establecido para estos casos y que pidió informes de la Asesoría Xurídica de la Xunta y de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) para posicionarse. Además, ha sostenido que la resolución de la Xunta de 2005 "no fue puesta en cuestión por el tribunal", que consideró que quien tomó entonces la decisión, el exconselleiro de Pesca Enrique López Veiga, no era competente para ello por exceder la multa los tres millones de euros.

El autor de la pregunta, por su parte, ha preguntado en su réplica "dónde queda la protección" de un espacio del dominio marítimo-terreste y ha insistido en que "la sentencia ordenaba continuar con el expediente a la Xunta". La "sorpresa", ha dicho, es que el Gobierno gallego, "en vez de seguir con el expediente, perdona más de tres millones de euros a Telmo Martín".

Por otra parte, el conselleiro ha dicho, en respuesta a una pregunta formulada por el diputado popular Jaime Castiñeira, que la deuda que el Ayuntamiento de Lugo reclama al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) por impago de impuestos y tasas "no se ajusta a la realidad" y asciende al 20% de la cantidad reclamada —de unos 400.000 euros—.

Además, ha indicado que los responsables municipales reconocieron la "improcedencia" de varios de los recibos, referidos, ha afirmado, a inmuebles que son de titularidad municipal o fueron vendidos a particulares hace más de una década.

Puente sobre el lérez

También ha justificado Hernández que la Xunta no vaya a abonar más que dos millones de los tres previstos en un convenio con el Ayuntamiento de Pontevedra para la construcción del puente de As Correntes sobre el río Lérez. Esto se debe, ha expuesto, a que el gobierno local hizo una "inadecuada tramitación de las certificaciones de las obras", que no fueron presentadas en su totalidad, y a que rechazó hacer una nueva addenda al convenio para ampliarlo a 2012.

Por otro lado, la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, ha rehusado pronunciarse acerca de si ve adecuado que una empresa como Audasa, que cerró 2011 con beneficios de 52 millones, y ha indicado que no hará juicios de valor si no le consta una denuncia sobre la empresa.

Así, ha pedido a la autora de la pregunta, la socialista María José Caride, que si conoce alguna ilegalidad lo ponga en conocimiento de Gobierno. "No digo que sea una ilegalidad, es que fruto de esta reforma laboral esto es legal, pero es inmoral", ha replicado Caride.