El Senado ha aprobado una moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular (GPP) por la que se insta al Gobierno a contar con las comunidades autónomas en la redacción de la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial para adecuar la distribución de los juzgados y tribunales a la población y la realidad socioeconómica de cada territorio.

La iniciativa, que ha salido adelante con 172 votos a favor y 70 en contra, pide que la nueva norma atienda a las previsiones de crecimiento desigual entre las comunidades y a la desigualdad en el reparto de la litigiosidad. Además, debería adaptarse a los nuevos juzgados no contemplados en la ley vigente, como son los de menores y violencia sobre la mujer.

La moción ve igualmente necesario "actualizar" el concepto de partido judicial al considerarlo "obsoleto" ya que responde a una realidad "muy distinta a la actual". "La nueva realidad socioeconómica de cada región así como las necesidades de población obliga a plantear, con urgencia, la reforma total de la distribución de los juzgados y tribunales", señala el texto, recogido por Europa Press.

El senador del PP Manuel Altava, encargado de presentar la iniciativa, ha reclamado al departamento dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón que las autonomías se pronuncien en la elaboración del nuevo mapa judicial al ser las que "mejor conocen su territorio, sus distancias y sus condiciones".

En opinión de los 'populares', la nueva ley de Demarcación y Planta —la actual se aprobó en 1988, ha sido modificada en 14 ocasiones y desarrollada en 62 reales decretos— debe sustituir el binomio juez-juzgado por el del tribunal de instancia, promover una justicia profesional dejando la interina a "supuestos excepcionales", desplegar de forma progresiva y "ordenada" la Oficina Judicial y desarrollar las nuevas tecnologías.

Tras poner en evidencia la "maltrecha" Administración de Justicia, el senador Altava ha afirmado que los ciudadanos demandan hoy la creación de puntos de encuentro familiar, unidades psicosociales de familia, servicios de atención al ciudadano y las víctimas, unidades de valoración del "riesgo del daño corporal", así como unidades de Policía Judicial.

Informe en octubre y rechazo del psoe

El parlamentario ha destacado que la Comisión técnica que trabaja en la redacción del nuevo modelo entregará un "primer texto" a octubre al ministro de Justicia. Además, ha cargado contra la "dicotomía importantísima" de los senadores del PSOE por votar en contra, ha dicho, de los ministros socialistas Mariano Fernández Bermejo y Francisco Caamaño, ya que ellos "fueron los iniciadores" de la nueva Planta Judicial.

El senador socialista Francesc Antich ha justificado la oposición de su grupo en que la moción es "innecesaria" y rompe el consenso alcanzado en 2001. "Se está aplicando el rodillo en una materia en la que se hicieron grandes esfuerzos por el consenso", ha añadido.

Para él, la opinión de las comunidades debe ser escuchada desde el inicio del proceso y "no solo a posteriori" cuando una Comisión ya ha trabajando en el borrador. Además, ha criticado que la norma "rompe" el consenso logrado en 2001 sobre la designación parlamentaria de 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Durante su intervención, el senador de ICV Jordi Guillot ha mostrado el apoyo a la moción de la Entesa aunque ha instado a los 'populares' a presentar mociones que incorporen novedades y den pie al debate, en vez de una que "reitera el compromiso" adoptado ya por el Gobierno.

En su opinión, el texto legal deberá prever la posibilidad de "juzgados contencioso-administrativos descentralizados", permitir "reformar la cantidad de jueces en cada demarcación judicial, trabajar con tribunales de instancia e implantar oficinas judiciales". En este sentido, ha pedido dar a Cataluña "plena autonomía" para estructurar y organizar su Oficina Judicial.

Desde CiU, el senador Josep Maldonado ha atribuido el voto a favor de la formación catalana en la "coherencia política" ya que ha solicitado de forma reiterada una reforma legislativa en este sentido. También ha pedido que las comunidades tengan "plenas" facultades en el diseño del mapa judicial en su territorio, respetando su "techo competencial".