PSOE y PRC han criticado que la nueva tasa en la revisión de las valoraciones de la dependencia, incluida en la ley de ajustes del Gobierno de Cantabria, se enmarcas dentro de un "recrudecimiento" de las condiciones de acceso a las prestaciones para "cargarse" la ley y "desmantelar" el sistema de protección social.

Para la socialista Dolores Gorostiaga, estas medidas suponen la "desprotección total" de colectivos como los mayores, que, ha explicado a Europa Press, se solicitaban la revisión de su valoración como dependientes ante el "empeoramiento" de su estado y la consiguiente necesidad de nuevas prestaciones.

La ley que recoge los ajustes del Gobierno cántabro ante la crisis, que acaba de iniciar la tramitación parlamentario, incluye la implantación de una tasa a los usuarios que pidan que se revise su solicitud de valoración como dependencia cuando está ya les haya sido hecha anteriormente y reclamen una nueva valoración, en función de la cual acceden a las prestaciones.

Con la tasa, solicitar la revisión de la valoración de la dependencia costará al usuario 30 euros (de los 58,88 euros que le cuesta al Ejecutivo este trámite) y hacer lo mismo con la prestación que se recibe, 14 euros, el importe íntegro de lo que cuesta el servicio.

Es una medida de carácter disuasorio ante los costes de un servicio que el año pasado emplearon más de 5.500 personas y que obligó al Ejecutivo a gastar unos 210.000 euros. El Gobierno remarca que de haberse implantado el año pasado, hubiera supuesto la recaudación de 169.290 euros.

Pero para la socialista Dolores Gorostiaga, ex consejera de Empleo y Bienestar Social, el objetivo del PP, tanto nacional como regional, es "cargarse" la Ley de Dependencia y "desmantelar todo el sistema de derechos y servicios sociales" que, ha incidido, era uno de los sectores que estaba creando empleo pese a la crisis.

A ello responden medidas como la "paralización" en su desarrollo dictada por el Gobierno central, o la consignación de presupuestos estatales "muy por debajo de lo que se necesita"

El siguiente paso, ha descrito, lo están dando las comunidades autónomas, con las sucesivas regulaciones que esconden la intención de "ir poquito a poquito vaciándola de contenido", porque están "claramente decididos" a "rebajar" cuestiones como la atención domiciliaria o la concertación de plazas, o a modificar qué profesionales se encargan de esas valoraciones.

Gorostiaga ha sumado a esto el ERE en la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social que, ha recordado, se concibió como "uno de los instrumentos" para el desarrollo de la ley, o los cambios en la renta social básica, precisamente en el momento en que "más se necesita".

Y también ha advertido de que estos planes afectarán a la Ley de Derechos y Servicios Sociales cántabra, que no se tiene "ningún interés en desplegar".

Por su parte, desde el PRC, Rosa Valdés ha observado que se están "recrudeciendo" los requisitos para acceder a recursos "de primera necesidad", y ha puesto como ejemplo esta tasa, que tacha de "injustificada e injusta".

Frente a esto, Valdés considera que se debería apostar más por "evitar" el fraude que pudiera cometerse entre los usuarios a la hora de acogerse a las prestaciones y servicios de la ley de dependencia.

Pero en lugar de eso, cree que lo se está intentando es "limitar" las personas que se atienda con base a este ley y, en consecuencia, "limitar un derecho", con lo que se esta "volviendo al pasado", cuando las prestaciones eran "caridad" en lugar de "derechos".