Ángeles Belmonte ha recorrido 577 kilómetros desde Campohermoso (Níjar, Almería) para protagonizar una nueva protesta ante el "desesperación" en la que permanece sumida su familia debido al paro, a las deudas con los bancos y a lo que califica como "abandono" de los poderes públicos.

Esta anciana, a quien el Juzgado de Instrucción número 5 de Almería multó hace una semana con 20 euros por encadenarse a una entidad, repitió la escena este lunes, pero esta vez lo hizo en la puerta del Banco de España, en Madrid. Junto a su hijo Miguel Ángel, reclamó que el Gobierno de Mariano Rajoy cambie la ley hipotecaria y, sobre todo, la normativa que regula los pagarés, que es la que ha llevado a la ruina a dos de sus hijos.

Ángeles, cuyos ingresos provienen de una pensión de viudedad, fue desahuciada el 1 de diciembre. Había avalado la refinanciación de un crédito a uno de sus hijos y la entidad le exigió el pago de 110.000 euros, por lo que se quedó su casa, que quedó tasada en 30.000 euros, muy por debajo de su coste. "Me echaron y me iba a quedar en una tienda de campaña, pero una hora después ya estaba dentro otra vez y allí sigo, de 'okupa' en mi propia casa", explica.

La deuda contraída se debió a los pagarés impagados extendidos por varias empresas, la misma situación que dejó arruinado a su hijo Miguel Ángel. "Mi hermano y yo trabajábamos con varias empresas. Como no tenían efectivo, nos dieron pagarés. Los negociamos con el banco y este nos dio el dinero, pero cuando las empresas no abonaron las cantidades, el banco fue a por nosotros, no contra ellas", detalla.

Esta manera de proceder es completamente legal. La Ley Cambiaria y del Cheque, de 1985, dice en su artículo 56 que el portador de una letra de cambio tendrá derecho a proceder contra todas estas personas individual o conjuntamente, sin que le sea indispensable observar el orden en que se hubieren obligado". Esto significa que, aunque el banco se quedase con la deuda que las empresas tenían con los hermanos, tiene derecho a reclamarles a estos los daños en caso de impago.

En esta situación, la familia ya ha perdido dos casas -la de Ángeles y la segunda residencia de Miguel Ángel- y el camión con el que Miguel Ángel se ganaba la vida -valorado en 120.000 euros-. Este último aún debe 70.000 euros de su hipoteca y ha tenido que dejar a su mujer y sus hijos para trasladarse a trabajar a Oviedo, donde trabaja desde hace tres semanas.

Encadenados al Banco de España, Ángela y Miguel Ángel reclamaron este lunes que el Gobierno central cambie la ley y acabe con las deudas de "miles" de autónomos ahogados por los pagarés no satisfechos de grandes y medianas empresas. "Son solo tres letras, cambiar 'sin que sea indispensable' por 'y siendo indispensable'".

"Si el banco no me hubiese quitado el dinero, yo habría podido seguir pagando mi casa y conservaría mi trabajo. Si la ley se modificase, las deudas de miles de autónomos desaparecerían mañana mismo", reclama Miguel Ángel, que ya ha protagonizado otras protestas en Almería por las que es conocido como "el camionero sin camión".

La acción reivindicativa de este jueves duró apenas dos horas. El capitán de la Guardia Civil responsable de la seguridad del Banco de España denunció a Ángeles y a su hijo y les instó a marcharse antes de verse en la obligación de detenerles.

"Nos hemos ido, pero hemos ido al Congreso a ver si veía a algún diputado y a ATA [la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos]. Si los que nos tienen que defender no nos defienden, ¿para qué están?", sentencia Miguel Ángel. Su madre, a su lado, asentí y repetía: "Voy a luchar por ellos hasta la última gota de sangre. Solo espero que llegue final de mes para darles unos euros a cada uno y poder seguir adelante".

Según la reforma del Código Penal que preparan las ministros de Interior, Jorge Fernández-Díaz, y Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, Ángeles y Miguel Ángel podrían haber sido acusados de un delito por encadenarse y ejercitar la "resistencia pasiva". Esta reforma penará penará comportamientos como, por ejemplo, encadenarse o agarrarse a otra persona. La resistencia pasiva, que el Ejecutivo pretende equiparar al delito de resistencia a la autoridad, está sancionada actualmente con penas de prisión de uno a seis años.