El Secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, visitará este lunes al mediodía el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona en plena polémica sobre la opacidad de estos centros, y días después de que se le impidiera la entrada al Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó.

Lo hará en sustitución del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como inicialmente estaba previsto.

La visita llega con el debate sobre las condiciones en las que viven los internos, después de que dos de ellos hayan decidido hacer una huelga de hambre por protestar contra agresiones y cuatro llegaran a lesionarse para ingresar en el hospital y posponer su extradición.

De momento, han logrado suspender su expulsión que estaba fijada para el pasado viernes, si bien las autoridades intentaron trasladarles sin éxito a Madrid para que tomaran un avión de cinco horas destino Georgia, ha explicado el abogado de dos de ellos Xavier Hereu.

A medio camino tuvieron que regresar porque su estado era deplorable y sangraban, aunque al llegar de nuevo al CIE no fueron atendidos por ningún médico ni trasladado de nuevo al hospital, asegura Hereu.

Aparte de estos últimos casos, las críticas por el hermetismo del CIE rebrotaron con la negativa de la delegada del Gobierno en Catalunya, Llanos de Luna, a que el Síndic de Greuges visitara las instalaciones, alegando que no era de su competencia y que ya lo había visitado la Defensora del Pueblo, figura homónima en el Estado.

El Síndic, que sospecha de "irregularidades", lamenta que no le permitieran contrastarlas, y este miércoles pidió a Interior que reconsiderara la expulsión de los dos internos del CIE que estaban en huelga de hambre para criticar supuestos maltratos que habían recibido.

La Defensora del Pueblo ha remitido este viernes un escrito al Síndic en que le apremia a enviarle el expediente de uno de los dos inmigrantes en huelga de hambre, David B., que hace siete años que vive en España y tiene dos hijos de 12 y 2 años, uno de ellos nacido aquí en España.

La muerte de un interno en diciembre alertó a la ciudadanía, y ha habido gestos políticos, como por ejemplo la misma visita de Fernández Díaz con el nuevo y primer reglamento --largo tiempo reclamado por las asociaciones-- bajo el brazo.

También se han producido cambios a nivel judicial: se ha nombrado a dos jueces de Instrucción especialmente para garantizar que no se vulneren los derechos fundamentales, con visitas periódicas y espontáneas al Centro, e independientemente al juez de guardia que seguirá los posibles ilícitos que se produzcan.

Los jueces designados a principios de marzo para controlar el CIE avalaron su funcionamiento en la primera visita de control que realizaron ese mes, aunque recomendaron mejoras: dijeron que la organización y las instalaciones están "mejor de lo esperado" --según declararon entonces-- pero alertaron de la ausencia de inodoros en los dormitorios y de que hay mobiliario en las habitaciones que podría usarse para agredir.

La noticia más reciente es la reunión este jueves entre el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la Fiscalía y el Síndic de Greuges en la que se comprometieron a "intercambiar información" sobre el CIE para garantizar los derechos de los internos.