El exedil de Marbella (Málaga) Alberto García ha asegurado que el exalcalde marbellí Jesús Gil "tenía una especie de guardia pretoriana de gente en la sombra que no son personajes públicos" y ha señalado que en un momento determinado "el último eslabón que le quedaba en el Ayuntamiento era Juan Antonio Roca", presunto cerebro de la supuesta trama de corrupción en Marbella. "Desde que se produce el cese de éste, los acontecimientos se desarrollan a velocidad de vértigo y se presenta la moción de censura contra Julián Muñoz", ha apostillado.

El exconcejal, sobrino de Muñoz, ha declarado como testigo este lunes en el juicio del caso 'Malaya' y ha señalado a Gil como el que estuvo gestando la moción de censura contra su tío "tres o cuatro meses antes" de que ésta se firmara el 31 de julio de 2003 por la noche. Ha añadido que entiende esta acción como una represalia contra Muñoz por haber sustituido a Roca en cuanto a las competencias de los asuntos urbanísticos.

Ha explicado que Muñoz tuvo una reunión con la Junta de Andalucía en la que le dijeron que apartara a Roca de la parcela relacionada con el planeamiento, pero el entonces regidor, según el exedil, "equivocadamente, se precipita y cesa a Roca". A los pocos días, ha dicho, se presentó la moción de censura, aunque ha incidido en que Gil "quería rebanar la cabeza de Julián Muñoz varios meses antes". Ha corroborado la "división" entre ambos.

"Jesús Gil era un señor que iba a los mítines, a los actos y si había 20 o 30 cámaras, todas iban con él. Desde marzo o abril de ese año, de repente, por circunstancias públicas y notorias referentes a la vida de Julián Muñoz, hay mítines y es Muñoz el que se lleva las 20 cámaras y Jesús Gil se queda con una, y eso no lo llegó a aguantar nunca", ha apostillado. URBANISMO

Sobre el urbanismo, ha indicado que había unas reuniones preparatorias previas a las comisiones de gobierno, que eran "informales" y en las que no se determinaba el sentido del voto, sino que solo se pretendía con ellas "adelantar trabajo", con el fin de que en la comisión de gobierno no se volviera a leer otra vez todo el listado de las licencias. Al respecto, ha apuntado que ni siquiera asistía el secretario.

Ha precisado que en dichas reuniones, quien daba cuenta de los asuntos urbanísticos y los informes que había en dichos expedientes era la exasesora jurídica Raquel Escobar, que comparecerá también como testigo en la vista oral; y "en segunda línea Roca", que estaba "por si había alguna duda intentaba solucionarlas". No solía acudir Muñoz a esas reuniones, apuntando que "el señor Gil no ha asistido en su vida a nada".

García Muñoz ha apuntado que Escobar "jamás" se refería a si las licencias eran legales o no según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del 86, sino siempre a la revisión del 98, aunque no se decía expresamente. Ha lamentado que "parece que la cadena delictiva comienza y termina en los concejales y los técnicos y los asesores jurídicos no tienen nada que decir", añadiendo que Escobar "estaba en las comisiones y nunca nos advirtió de ilegalidad alguna y los que hemos ido a la cárcel somos los concejales".

Ha indicado que la asesora decía si había informes favorables y "nosotros nos limitábamos a asentir", insistiendo en que "mientras en su opinión, son ilegales las licencias que estábamos dando, no nos advierte de que estamos actuando teóricamente a espaldas de la legalidad". "Creo que fue absolutamente desleal con el equipo de Gobierno y con la comisión de gobierno", ha apuntado. Tampoco les informó de ilegalidades, según ha dicho, el arquitecto municipal Francisco Merino, que también declarará como testigo.

En cuanto a las actas de las comisiones de gobierno, "ni las firmábamos, era un auténtico desastre", ha expresado el exconcejal, quien ha añadido que "cuando te llegaban, veías cosas que se habían aprobado que aparecían denegadas, cosas denegadas que se habían aprobado, gente que no había estado que aparecía, era un auténtico desbarajuste".

Asimismo, sobre los convenios, ha dicho que no se trataban en las reuniones previas y los concejales "no interveníamos en la negociación", solo cuando llegaba a la comisión de gobierno "se nos daba cuenta de la firma del mismo y punto, no ratificábamos". Ha explicado que la competencia de estos acuerdos era del pleno "y no se puede delegar", mientras que la de los convenios de permuta, dependiendo de la cuantía, "era del alcalde o del pleno, pero tampoco de la comisión de gobierno". INTERVENTOR

En esta sesión, han declarado también otros testigos, como el extesorero y el exinterventor Juan Antonio Castro, que volverá a declarar este martes y quien ha respondido sobre los informes que emitió respecto de convenios urbanísticos. Ha indicado que sólo le facilitaban el documento y la valoración del tasador; en ocasiones, solicitaba que se realizara por el técnico correspondiente un examen para apoyar esa valoración.

Ha indicado que cuando realizaba esos documentos no tenía informes de necesidad pública de las actuaciones que conllevaban el convenio de permuta en cuestión, por lo que no se podía pronunciar sobre eso. El interventor ha señalado que los reparos sobre la intervención de los servicios de arquitectura también se pusieron de manifiesto en 2001 y también respecto a los aprovechamientos urbanísticos, indicando que "las observaciones nunca fueron atendidas".

Ha dicho que más adelante se alteró la forma de hacer los informes, dando por buenas las valoraciones y "poniendo en duda para que lo aclaren los servicios técnicos municipales si la participación del Ayuntamiento es la adecuada y ese aprovechamiento es el correcto" o por contra "la intensidad no es la adecuada, sino que corresponde algo más".