Unos 220 incendios forestales afectaron a espacios naturales protegidos en Galicia y sus inmediaciones en lo que va de año, con lo que ardieron un total de 2.674 hectáreas, de las cuales un 83,13% se correspondieron con superficie rasa (2.223) y el restante 16,87% con arbolado (451), según los datos apuntados por el secretario xeral de Medio Rural e Montes, Tomás Fernández-Couto, en la comisión de Medio Ambiente del Parlamento.

El alto cargo de la Xunta ha aportado estas cifras en respuesta a una pregunta de la diputada del PSdeG Carmen Gallego, quien atribuyó a "recortes" en materia de políticas de prevención y gestión forestal el "triste récord" de que, desde octubre del pasado año, se quemaran "más de 12.000 hectáreas" en espacios protegidos de la comunidad.

Frente a esto, y tras señalar los casos concretos del parque del Xurés —que ardió el pasado otoño— y el fuego que el 31 de marzo se declaró en las Fragas do Eume, la parlamentaria socialista ha criticado que el Ejecutivo autonómico no adoptó "ni una sola medida de regeneración".

Además, Gallego ha censurado el "abandono" de las zonas protegidas, el "desmantelamiento" de las casetas de vigilancia de incendios, la supresión de las brigadas de investigación y el "severo recorte" de las ayudas a comunidades de montes —cuya orden, ha denunciado, este año se publica tarde—.

Réplica a las críticas del psdeG

El secretario xeral de Medio Rural ha replicado que "desde 2008, la superficie de actuación" correspondiente a las subvenciones concedidas a montes vecinales "no ha dejado de aumentar" y ha afirmado que la convocatoria de 2012 incluye "cuantías de partida —pues "probablemente" sumará nuevos fondos— superiores a las ejecutadas" en 2011.

Sobre las brigadas de investigación, ha ironizado con que "para no estar, realizan una labor bastante impresionante", pues la Consellería de Medio Rural e do Mar utiliza sus partes para la elaboración de informes sobre incendios "complicados" y detenciones.

Y, en tercer lugar, ha referido que la red de casetas de vigilancia "funciona fuera del periodo estival con personal fijo-discontinuo". "Ahora, hace cuatro años y hace 12", ha incidido, antes de advertir que, "afortunadamente", la alerta por un número "creciente" de incendios se recibe de "llamadas de ciudadanos" al 112 o al 085 y no de las casetas o del propio personal del operativo contra incendios.

Medio centenar de ayuntamientos

Dicho esto, Tomás Fernández-Couto ha indicado que los 220 fuegos contabilizados por el momento por los profesionales —los partes no son definitivos, pues la superficie quemada no se georreferencia hasta terminado el año— en "espacios protegidos o inmediaciones de espacios protegidas" se produjeron en 50 ayuntamientos. La mayor parte de los municipios son de la provincia de Ourense (21), seguida por Lugo (13), A Coruña (10) y Pontevedra (6).

El responsable de Medio Rural e Montes ha hecho hincapié en que estos fuegos "pueden haber afectado de una forma más o menos importante" a espacios naturales protegidos "o inmediaciones de espacios protegidos" y ha fijado la superficie afectada en 451 hectáreas de arbolado y 2.223 rasas. "Que no quiere decir que sea la superficie afectada en espacios protegidos", ha abundado.

A renglón seguido, sobre los motivos, ha aludido a "porcentajes por todos conocidos, aunque a veces discutidos", antes de elevar al 76% de los 220 fuegos (un total de 167) los que fueron clasificados como "directamente intencionados".

En este sentido, ha remitido a las cifras de "los profesionales a pie de campo" para informar de que solo un 7% de los incendios fueron contabilizados como causados por negligencias o escapes de quemas (nueve y siete fuegos, respectivamente). Un 16% de los incendios permanecen sin causa determinada (35) y un 1% se corresponden con fuegos de reproducción (2).

A mayores, Fernández-Couto ha indicado que, en ese medio centenar de localidades, se concedieron 421 autorizaciones de quema, "todas con información previa".

Y, para argumentar su defensa de un "aumento" de las partidas dedicadas a comunidades de montes para prevención, el secretario xeral ha reivindicado que la actuación en toda Galicia el pasado año se materializó en 4.664 hectáreas de áreas de cortafuegos, 471 hectáreas de franjas auxiliares y 653,68 hectáreas en las que se realizaron rozas en zonas regeneradas de pinos, "para hacerlas más resistentes a la actividad incendiaria". En este sentido, ha adelantado que se prevé un volumen "similar" este ejercicio.

Para finalizar, ha hecho hincapié en la tasa de un "75-76 por ciento" de fuegos "provocados", dentro de los registrados en espacios protegidos y alrededores en lo que va de año, a lo que la diputada del PSdeG ha respondido llamando la atención sobre los datos de la Fiscalía, que "contradicen", ha dicho, los de la Xunta de Galicia.

Ría do burgo

Por otra parte, en la misma comisión, el director xeral de Augas de Galicia, Francisco Menéndez, ha mostrado su interés por "ver compromisos por escrito" de las tres administraciones —estatal, autonómica y local— para la regeneración de la ría do Burgo, en A Coruña.

Ante las críticas de la parlamentaria del BNG Ana Luisa Bouza por la ausencia de una partida específica para este fin en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Menéndez ha constatado que para el desarrollo de estas labores se puede recurrir a fondos genéricos, pero ha asegurado que la Xunta va a "vigilar" esta cuestión y la firma de un protocolo entre las tres partes, pues "psicológicamente es muy importante". BRENNTAG

El responsable de Augas también ha respondido a una pregunta de la parlamentaria del PSdeG Carmen Gallego relativa a la aceptación por parte de la Xunta de una indemnización de unos 5,5 millones de euros de la empresa Brenntag por el vertido en el río Umia en 2006.

Cuestionado por la "reclamación" del Ayuntamiento de Caldas de Reis (Pontevedra) de los "gastos" en los que incurrió en aquel momento, Francisco Menéndez ha afirmado "no poder entender por qué —el consistorio— no se personó" en el juicio, como sí lo hizo el Gobierno bipartito.

En este sentido, ha ratificado que su opinión, al igual que las ya apuntadas por el conselleiro de Medio Ambiente y el presidente de la Xunta, es que el Gobierno gallego "actuó muy bien en su momento personándose y muy bien ahora" accediendo a recibir dicha cantidad, motivada por la "incerteza" del proceso judicial y la posibilidad de percibir "cero euros" si la sentencia fuese absolutoria.