La secretaria general de la Federación de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados (UPJP-UGT), Amparo Alegría, ha mostrado su desacuerdo con la intención del Gobierno central de incluir como "delito de integración en organización criminal" alterar "gravemente el orden público" y concertar concentraciones violentas por cualquier medio de comunicación como Internet y las redes sociales.

A su juicio, lo que el Gobierno teme realmente es que el "descontento generalizado de la sociedad" se les "revuelva" y la gente "manifieste su frustración, su rabia, su ira y su descontento generalizado". Por ello, cree que las medidas tratan de "atar a la gente".

Sin embargo, se pregunta si una manifestación "pacífica como las que se produjeron en la Puerta del Sol, donde la gente estaba expresando su opinión simplemente", merece estar recogida en el Código Penal como delito o como pertenencia a banda armada.

Asimismo, se pregunta si merece esta calificación el hecho de quedar con un hijo por 'Twitter' diciéndole que "nos vemos en la puerta de la Consejería de Educación para manifestarnos en contra de los recortes en Educación".

"Me parece que se están pasando un poquito, no estamos de acuerdo, y la sociedad se debería rebelar con que pretendan imponer ese tipo de actuaciones a la opinión y a la libre manifestación", ha añadido Alegría, quien considera que el Gobierno central está tratando de "acabar con todo, no sólo con las organizaciones sindicales, sino con el modo de manifestarse los ciudadanos"

Alegría ha indicado que los máximos dirigentes del sindicato están estudiando este tema "jurídicamente", pero cree que "no cabe duda de que, después de estos cien días de Gobierno, lo que prometieron que conocían el problema y que tenían soluciones están demostrando que no es verdad".