Solicitar la revisión de la valoración de la dependencia costará al usuario 30 euros (de los 58,88 euros que le cuesta al Ejecutivo este trámite) y hacer lo mismo con la prestación que se recibe, 14 euros, el importe íntegro de lo que cuesta el servicio.

Es una medida de carácter disuasorio ante los costes de un servicio que el año pasado obligó al Ejecutivo a gastar unos 210.000 euros, y que, de haberse implantado en 2011, hubiera supuesto la recaudación de 169.290 euros, tal y como argumenta el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) en la memoria económica-financiera de la tasa, a la que ha tenido acceso Europa Press.

La tasa a la revisión de las valoraciones y prestaciones de la dependencia, cuando es iniciativa del propio usuario, es una medida que viene incluida en la Ley que recoge los ajustes del Gobierno de Cantabria, el denominado anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras para la Ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos.

El texto, que ha iniciado esta semana su periplo parlamentario, recoge iniciativas como el llamado 'céntimo sanitario', cambios en las condiciones del personal de la Administración, la reducción de diputados o la supresión de los consejos asesores, y persigue obtener este mismo año un total de 157 millones de euros.

El ICASS niega que esta medida tenga un carácter recaudatorio, ya que lo que persigue en realidad es "racionalizar" la tramitación por los costes que implica para un resultado que la mayoría de las veces suele ser idéntico al primero.

Según detalla, a esta fórmula, la revisión, se acogieron en 2011, más de 5.600 personas, y tiene costes para la Administración que llegan a 58,88 euros por revisión, pues implica el desplazamiento de hasta cuatro profesionales.

Valoraciones y prestaciones

Tal y como explica este organismo que depende de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, en la ley de dependencia —aprobada por el Gobierno central en 2006— se regulaba el procedimiento para reconocer la situación de dependencia y, en consecuencia, el derecho a la prestación, si se determina así.

Ese procedimiento le corresponde a las comunidades autónomas y se inicia a instancias de quien cree que es dependiente.

Tras presentarse la solicitud, profesionales sanitarios se encargaban de hacer una evaluación de la situación de dependencia, de cara a la posterior elaboración de un informe sobre las prestaciones, previo a la resolución final.

En ese proceso de evaluación podía darse el caso de que se solicitara una revisión, si no se estaba conforme con el resultado de la evaluación.

El problema se daba en que, al no estar establecido un período mínimo, se producían solicitudes de revisión respecto a situaciones que habían sido valoradas recientemente, lo que llevaba a iniciar de nuevo el proceso para que el resultado final se mantuviera "inalterado" respecto al primero, y todo en un plazo cercano a la primera solicitud.

En 2011, por ejemplo, 2.933 personas solicitaron la revisión del grado y nivel de dependencia, con un resultado negativo a su petición —confirmándose entonces la primera evaluación realizada— de 1.021 solicitudes, esto es, un 35% del total.

Asimismo, otras 2.731 personas pidieron la revisión de su Programa Individualizado de Atención (PIA), es decir, de las prestaciones, ya que en algunos casos la medida es el ingreso en un centro especializado, de modo que, en total, las revisiones en 2011 fueron 5.664.

Un "coste elevado"

El Gobierno advierte de que tramitar las solicitudes de revisión de grado o nivel de dependencia supone un "coste elevado" para la Administración, que en 2011 ascendió a al menos 210.000 euros, "fundamentalmente" en atención al personal (que incluye desplazamiento de profesionales).

Esto hace necesario "racionalizar" su tramitación "para una mejor gestión de los recursos", insiste el ICASS, que defiende que lo que se pretende es un mejor uso de esta posibilidad de revisión, por lo que se ha optado por esta tasa.

Sanidad insiste en su carácter disuasorio, pues, en realidad, si la tasa se hubiera aplicado el año pasado y tal como la plantean (30 euros por revisión de solicitud, y 18 por la de prestaciones), la cantidad recaudada hubiera sido 169.920 euros.

La tasa se aplica desde el momento en que se presente la solicitud de revisión, y cuando sea a instancias del usuario, pues hay ocasiones en la que la revisión se hace de oficio o ante peticiones externas.

Están exentos del pago los solicitantes de revisión si se transcurre más de un año entre la fecha de la resolución de reconocimiento y la de la revisión.

En la memoria, El ICASS cuantifica lo que cuesta este trámite y lo que se abonaría con la aplicación de esta tasa.

Así, en la revisión del grado o nivel de dependencia (la tasa A), el coste total es de 58,88 euros por cada revisión (se desplazan cuatro profesionales, y hay que sumar los costes administrativos e informáticos), y el Gobierno plantea asumir 28,88, con lo que el precio de la tasa serían 30 euros.

Y en la revisión de prestaciones ya reconocidas (la tasa B), el coste total de este servicio es de 14 euros, lo que se cobrará al usuario a través de la tasa.