El exconsejero de Empleo Antonio Fernández, en prisión comunicada y sin fianza por orden de la juez Mercedes Alaya, manifestó durante su reciente declaración como imputado que ordenó suspender la financiación del expediente de regulación de empleo (ERE) acordado en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla al percatarse de que el procedimiento carecía del "convenio base que hace nacer el derecho a la ayuda", desligando esta decisión del descubrimiento del supuesto caso de comisiones ilegales protagonizado por dos exdirectivos de esta compañía participada por el Consistorio hispalense. Fernández, así, encuadra su decisión en el verano de 2008, cuando tal caso fue descubierto en 2009.

La juez Mercedes Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso general de dichos fondos. Y es que según la investigación, gracias a un acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), esta partida presupuestaria habría sido transformada en ayudas libradas al margen de la Ley autonómica de Hacienda Pública y sin los controles relativos a las subvenciones excepcionales.

Las prejubilaciones

La Consejería de Empleo ha detectado y elevado a la juez un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancia administrativa" en al menos 67 expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas con cargo a este fondo, bautizado como "fondo de reptiles" por el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, también en prisión por orden de la juez.

En este marco, la comparecencia del exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández ante la juez ha supuesto un nuevo hito en la investigación. Tras más de cuatro agotadoras jornadas de declaración, la juez ordenó el ingreso en prisión de este exconsejero por cuatro posibles delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y negociación prohibida a funcionario, así como otros dos presuntos delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil.

Antonio fernández y el ere de mercasevilla

En las actas relativas a la comparecencia de Antonio Fernández, recogidas por Europa Press, el exconsejero responde a una serie de preguntas relativas al conocido conflicto del expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por la sociedad gestora del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla.

El expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por Mercasevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por 40 empleados para acceder a la prejubilación. No obstante, sus rentas quedaron en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento incluido en las diligencias incoadas por el juzgado de Instrucción número seis de Sevilla al figurar en él la prejubilación de Antonio Garrido Santoyo, un miembro del PSOE de Baeza (Jaén) que jamás había trabajado en la lonja sevillana.

Los documentos de guerrero

Aunque Francisco Javier Guerrero, como director general de Trabajo y Seguridad Social, había firmado varios documentos mostrando la "conformidad" de su departamento en cuanto al libramiento de fondos para estas prejubilaciones, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, advierte en un documento oficial de que estos actos firmados por Guerrero, fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio".

A tal efecto, en las actas de su comparecencia, el exconsejero Fernández defiende que no consideró "legal" el ERE promovido en 2007 por Mercasevilla porque Juan Márquez, sucesor de Guerrero al frente de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, puso entonces de relieve que "no estaba la documentación suficiente que fijaba el procedimiento específico". "Faltaba el convenio base que hace nacer el derecho a la ayuda", señalaba Antonio Fernández ante la juez avisando, además, de que Guerrero asumió este compromiso de financiación "el último día de su mandato" y que tal extremo "fue un dato a tener en cuenta". Igualmente, aludía al criterio de que "no pueden hacerse dos pólizas para una misma empresa".

No obstante, ha negado que fuese "un criterio" la salida a la luz pública del intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, caso del que parte la investigación de la gestión de Mercasevilla. "Cuando se dio la orden de no pago fue en junio o julio de 2008, cuando todavía no había surgido el tema de las comisiones ilegales, defendía el exconsejero andaluz Antonio Fernández ante la juez Alaya.