El consejero de Presidencia, Manuel Campos, ha asegurado este martes que los programas de reeducación de menores infractores "ofrecen una segunda oportunidad a los jóvenes, orientada hacia el trabajo, la formación y el desarrollo personal, para mejorar su preparación académica y promover la inserción laboral".

Durante la inauguración de las jornadas sobre la 'Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de responsabilidad penal del menor: una década después de su entrada en vigor', Campos ha apuntado que la reeducación "es una herramienta que, a través de las medidas judiciales acordadas, profundiza en los hechos cometidos por los menores y da una respuesta adecuada a la conducta infractora".

En este encuentro se ha reflexionado y analizado la normativa vigente, el sistema judicial, las necesidades y problemáticas del colectivo de menores sujetos a medidas judiciales, según fuentes de la Comunidad.

La finalidad, ha resaltado el consejero, es "paliar las necesidades o carencias, fomentar el sentimiento de responsabilidad sobre su comportamiento y reducir los núcleos sociales de riesgo", tras lo que ha añadido que cuando se trata de jóvenes, "todo esfuerzo es poco para evitar que vuelvan a reincidir en conductas antijurídicas".

El titular de la Consejería de Presidencia ha dicho que en la etapa de la adolescencia y recién cumplida la mayoría de edad, los jóvenes "experimentan importantes cambios en su vida, por lo que hay que estar muy pendientes de su educación y atención especializada para evitar que adopten actitudes y valores perniciosos".

De esta forma, los profesionales de los programas de reeducación, puestos en marcha por el Gobierno regional, inciden especialmente en la autoestima, la educación, las relaciones afectivas en el entorno familiar y social del menor y el autocontrol.

Cumplimiento de las medidas judiciales

En su intervención, el consejero ha indicado que el pasado año un total de 1.080 menores cumplieron las medidas impuestas por el Juzgado de Menores en las dependencias de los cinco centros con los que cuenta la Comunidad Autónoma para la ejecución de las medidas judiciales. De ellos, el 90 por ciento eran chicos.

Por edades, 502 jóvenes tenían entre 16 y 17 años cuando cumplieron sus medidas judiciales, 459 superaban la mayoría de edad, y 119 contaban con 14 y 15 años. En cuanto a la nacionalidad del menor, 805 eran españoles y los 275 restantes eran naturales de otros países.

Las medidas judiciales más numerosas correspondieron a las ejecutadas en medio abierto, con 1.552 y que estuvieron relacionadas con la libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad, la realización de tareas socioeducativas, la convivencia con otra persona, familia o grupo educativo y el tratamiento ambulatorio.

A éstas se sumaron las medidas ejecutadas en medio cerrado, que ascendieron a 314, y supusieron el internamiento en régimen cerrado, semiabierto, abierto o terapéutico, y la permanencia de fin de semana en el centro. Asimismo, se adoptaron otras 124 medidas cautelares, tanto en medio abierto como cerrado.