La Guardia Civil de Melilla ha detenido a siete personas acusadas de pertenecer a una red que se hacía con pisos de protección oficial propiedad de la Ciudad Autónoma. Según ha informado a Europa Press un portavoz de la 2006 Comandancia, en el transcurso de la investigación han localizado 34 domicilios sobre los que la organización disponía de información, tres de ellos ya ocupados.

La actuación se ha desarrollado en el marco de la Operación "Okupa", dirigida y tutelada por el Juzgado de Instrucción número Tres de Melilla, que ha mantenido el secreto del sumario hasta hace escasas fechas.

Según el portavoz, la investigación se inició el pasado mes de septiembre, al presentar una denuncia en la 2006 Comandancia un representante de Emvismesa (Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Melilla), que había detectado anomalías y movimientos extraños no acordes con los precios de mercado, tras la supervisión de los expedientes de Depósitos y Devoluciones de Fianzas en viviendas de Alquiler.

Así, explica que las personas que conformaban esta red procedían de forma previa a la localización de viviendas en Melilla que se encontrasen deshabitadas; una vez localizadas e informados sobre su posible titularidad, normalmente personas mayores que no residían en la Ciudad o que habían fallecido, se dirigían al Registro de la Propiedad, donde solicitaban una "nota simple", con el fin de tener los datos registrales y el número de la referencia catastral del domicilio escogido.

Acto seguido supuestamente elaboraban un contrato ficticio de arrendamiento en el que figuraban como propietario y arrendador de la vivienda uno de los miembros del entramado investigado y como arrendatario otro que elegían al que se le ofrecía el inmueble. Posteriormente, este contrato ficticio lo presentaban en Emvismesa con el fin de tener un documento debidamente diligenciado por una administración pública.

Una vez que disponían del citado contrato diligenciado por la Administración, según prosigue la citada fuente, podían acudir a las empresas suministradoras de agua, luz o gas, así como a otros organismos oficiales en los que podían incluso solicitar algún tipo de ayuda económica.

La operación se ha saldado con la detención de siete personas, todas ellas naturales o vecinas de Melilla, donde se asentaba el grupo organizado, cinco de ellas de nacionalidad española y otras dos extranjeros con tarjeta de residencia; la localización de 34 domicilios sobre los que el grupo había obtenido información para acceder a las viviendas y tres de ellas ya con ocupación física, donde residían personas de la trama, sus familiares o las que eligiesen.

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial acusados de la comisión de los delitos de "falsedad documental" y "usurpación de vivienda", llevados a cabo de forma organizada.