El Servicio Vasco de Empleo-Lanbide suspenderá de manera cautelar la prestación de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) a un total de 2.031 perceptores al estar "ilocalizables". La magnitud de esta operación contra el fraude en las ayudas sociales representa un montante de 17,28 millones de euros al año.

Las personas a las que se les ha suspendido la ayuda han recibido por dos veces comunicaciones por carta certificada en sus domicilios oficiales, una de ellas con un aviso expreso de presentarse en alguna oficina de Lanbide para regularizar su situación. Ninguna ha respondido en cualquiera de las dos ocasiones al requerimiento, según ha explicado el Servicio Vasco de Empleo en un comunicado.

La vinculación por ley de estas prestaciones a la activación laboral obliga a estar localizable y empadronado en un municipio vasco para iniciar procesos de orientación personalizada, formación y empleabilidad.

La consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, Gemma Zabaleta, ha señalado que se trata de "una primera medida de control para vigilar que detrás de cada prestación hay personas que viven de verdad y permanentemente en Euskadi".

Asimismo, ha anunciado que a lo largo del año se acometerán nuevos procesos "para que nadie esté en el sistema injustamente y que todos aquellos conciudadanos que lo necesiten y cumplan la ley puedan tener garantizada la cobertura social".

Inicio del proceso

Esta suspensión masiva culmina la primera fase de control en estas prestaciones que Lanbide asumió el pasado diciembre. Al hacerse cargo de la gestión íntegra de la RGI y la PCV bajo el objetivo de vincular a los perceptores a la activación laboral, con la excepción de los jubilados, el Servicio Vasco de Empleo envió una carta informativa a todos los perceptores que venían recibiendo una nómina mensual.

De las más de 56.000 cartas enviadas, el servicio postal devolvió inicialmente 7.006 al no vivir los remitentes en las direcciones que constaban en los registros oficiales.

En ese momento, Lanbide inició un procedimiento de comprobación y de control ante una situación de posible fraude en el cobro de las ayudas. También se realizaron varias comunicaciones en los medios de comunicación vascos con el fin de dar la mayor difusión a esta situación "anómala" y que los afectados tuviesen otra vía de información.

El director de Formación y de Garantía de Ingresos de Lanbide, Pedro Sánchez, ha explicado que se hizo una comunicación pública "precisamente para que esas personas que estaban ilocalizables vinieran a las oficinas ya que, en ocasiones, el colectivo de RGI tiene una movilidad, tanto de domicilio como de teléfono de contacto, mayor que la media de la sociedad vasca". De esta manera, alrededor de 3.000 perceptores se personaron en alguna oficina de Lanbide e informaron de su nueva residencia.

Fin del proceso

Al resto se les remitió una carta instándoles a acudir a una oficina de su red de atención para corregir su situación y tramitar una posible actualización de su residencia habitual. Al final de este segundo envío, 2.031 personas beneficiarias de estas prestaciones continúan "ilocalizables".

De acuerdo con la legislación vigente, las suspensiones cautelares de estos perceptores se harán efectivas en la nómina de mayo. El montante al que ascienden sus nóminas es de 17,28 millones de euros anuales.

Lanbide ha asegurado que ninguna de las personas suspendidas es un jubilado que complementa su pensión con la RGI. Por tanto, todas ellas son "idóneas" para un proceso de orientación personalizado, con el objetivo final de abandonar el sistema de protección social y su inserción en el mercado laboral.

Tras la suspensión cautelar, Lanbide iniciará la incoación de un expediente de suspensión definitiva para cada uno de estos 2.031 casos. En el supuesto de que alguna de estas personas apareciera, debería demostrar y acreditar la causa por la que no ha recibido ninguna de las cartas ni se ha dirigido a Lanbide.

Asimismo, tendría que demostrar que reside en Euskadi y que cumple con todos los requisitos marcados por ley para tener derecho a percibir la RGI. ZABALETA

Zabaleta ha recordado que el Servicio Vasco de Empleo pretende que no haya "ni un solo ciudadano desprotegido en Euskadi que tenga derecho a cobrar esta prestación y que se quede fuera", pero también "que nadie que no tenga derecho a ella la cobre".

"Estamos construyendo un sistema justo, equitativo y que da oportunidades reales de activación laboral, no exclusivamente un subsidio", ha añadido la consejera.

En esta línea, ha reiterado que el futuro de las personas que reciben la RGI y pueden trabajar "debe ser el empleo, no un subsidio", así como que el sistema de protección "debe tener una puerta de entrada y otra de salida, y la RGI debe responder a esa premisa". "No es un lugar al que se debe acceder para quedar instalado sino que debe ser el último refugio cuando se pierde el empleo", ha considerado Zabaleta.

Plan de choque

Finalizada esta primera fase de control, que ha durado cuatro meses, Lanbide presentará la próxima semana un nuevo programa de choque para la activación y orientación de buena parte de los perceptores de RGI.

En la actualidad, más de 57.000 familias se benefician de esta ayuda, aunque cerca de un tercio queda fuera de cualquier proceso de empleabilidad al tratarse de personas jubiladas que complementan sus pensiones con esta ayuda.

Cada mes, Lanbide abona una media de unos 27 millones de euros para las familias beneficiarias de la RGI y otros 5,8 millones de euros a aquellas que tienen derecho a cobrar la Prestación Complementaria de Vivienda