La tercera reunión de la Mesa del Vino de la denominación de origen Rías Baixas, en la que se debatieron varias propuestas para la puesta en marcha de un nuevo contrato homologado para la compra de la uva entre 2012 y 2015, ha terminado sin acuerdo entre cada una de las partes implicadas.

Este nuevo encuentro entre productores, cooperativas, bodegas, sindicatos agrarios y el propio consejo regulador de la denominación de origen tuvo lugar en la sede de la Delegación de la Xunta en Pontevedra. El único punto en que todas las partes están de acuerdo es en ligar los precios al volumen de producción de la cosecha y no sólo en cuanto a la calidad.

Además, se redujeron las propuestas en el caso de los plazos de pago y en relación a los precios, aunque no fue posible alcanzar un acuerdo. Por ello, todas estas medidas volverán a ser debatidas el próximo 3 de mayo, a fin de fijar un precio base para concretar el contrato homologado de cada vendimia.

Para los sindicatos, la principal discrepancia reside en su desconfianza ante "la falta de concreción de la industria" en lo relativo a los precios de recogida. "Resulta imposible para los viticultores fijar cualquier tipo de horizonte de precio por las uvas", advierten.

"cartas marcadas"

De hecho, el secretario de Agricultura de Unións Agrarias (UU.AA.), Xosé Ramón González, ha acusado a las bodegas de llevar "las cartas marcadas" a esta mesa del vino y ha criticado que esta actitud cuente con "la total connivencia de la Xunta". Ha argumentado esta afirmación en que el Gobierno gallego "pone en marcha sus herramientas administrativas para evitar estos planteamientos, que sólo abonan la especulación en el precio de las uvas".

Por el contrario, ha pedido a la Consellería de Medio Rural que ponga en marcha medidas de "discriminación positiva" para las bodegas que apuesten por los contratos homologados, así como que impulse medidas de financiación para el sector.

Por su parte, el representante en la Mesa del vino de Rías Baixas del Sindicato Labrego Galego (SLG), Bernardo Estévez, ha dejado patente que los costes de producción subieron y ha defendido que, por ello, los bodegueros paguen más por la uva.

Asimimo, ha propuesto limitar la producción: "la industria tiene que asumir que si bajamos el rendimiento, se aumentará la calidad de la uva y, por lo tanto, deberían mantenerse estables los precios del año pasado o incluso subir".

En conclusión, este sindicato ha juzgado que lo normal sería que "las explotaciones asumiesen su parte del problema produciendo menos y, por su parte, las industrias pagasen mejor las uvas para compensar la bajada de rendimientos y el aumento de calidad".