El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander ha dictado este jueves una providencia en la que admite a trámite la propuesta de convenio presentada por cerca de una treintena de acreedores del Racing de Santander que representan más de la quinta parte del total de las deudas.

La resolución considera "ajustada a derecho" la propuesta, por lo que admite a trámite la misma y se la traslada a la administración concursal para que, en el plazo de diez días, evalúe el plan de pagos y el plan de viabilidad que incluye la propuesta.

Según informa el TSJC en un comunicado de prensa, el convenio deberá ser votado en Junta de Acreedores y obtener el respaldo de acreedores que representen más del 50% del pasivo ordinario, es decir, de los créditos que no tienen preferencia para el cobro. De obtener esos apoyos, será necesario que la titular del Juzgado de lo Mercantil lo apruebe para que el convenio finalmente surta efecto.

La providencia también explica que, de aceptarse la propuesta de convenio en la Junta de Acreedores por mayoría suficiente, será procedente designar al acreedor que haya de integrar la comisión de control y seguimiento, en cuya votación podrá participar la totalidad de los acreedores incluidos en la lista definitiva.

Convenio propuesto por los acreedores

La ley ofrece la posibilidad de que tanto la concursada como los propios acreedores puedan elaborar un convenio que dé viabilidad al proyecto empresarial; convenio en el que se incluye una quita -no se devuelven los créditos íntegramente- y una espera -se establecen unos plazos para el cobro.

En este caso, la propuesta de convenio ha sido presentada por parte de algunos acreedores. Según explica la providencia dictada este jueves, son 29 los acreedores que la suscriben, si bien siete de ellos no han otorgado aún la representación al procurador que ha presentado el convenio. No obstante, los 22 acreedores restantes son suficientes para suscribir la propuesta de convenio, ya que son titulares de créditos que superan la quinta parte del total del pasivo.

El concurso es una vía legal recogida en la Ley Concursal de 2003 que se inicia cuando una persona, física o jurídica, es insolvente y no puede afrontar los pagos a sus acreedores. Entonces, para evitar la multiplicidad de procesos judiciales que sus acreedores pudieran iniciar para reclamar las deudas, se da comienzo a un concurso que agrupa a todos ellos y evita que unos puedan cobrar y otros no.