La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz que dirige, ahora en funciones, José Chamizo de la Rubia, ha lamentado este lunes la decisión del Gobierno central de recurrir la convocatoria de empleo público docente de la comunidad y ha recomendado a la persona que se encargue en el próximo Ejecutivo andaluz de la Consejería de Educación que "siga adelante" con las oposiciones en septiembre, "una vez terminado el plazo de suspensión de las mismas", pero "ajustando" su número de plazas a la tasa de reposición del diez por ciento aprobada a finales de 2011 por el Gobierno de la Nación.

Según han explicado a Europa Press fuentes de la Defensoría —institución que ya pidió en marzo a la Junta y al Gobierno que "favorecieran" este proceso selectivo pese al cambio de temarios y a la recomendación del ministro de Educación, José Ignacio Wert, de no convocar oposiciones en ninguna comunidad autónoma—, lo "mejor" para los más de 30.000 aspirantes a profesor que llevan meses e incluso años preparándose estas oposiciones es que el Gobierno andaluz las "retome cuando se levante la suspensión de cinco meses" (plazo previsto para que el Tribunal Constitucional se pronuncie) pero "limitando" sus 2.389 plazas.

Así pues, la Defensoría insta a volver a convocar el proceso selectivo en septiembre pero sin asumir "muchos riesgos" para no convertir las oposiciones en "un pulso" al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Para ello, recomienda a la Consejería de Educación que "reajuste" las 2.389 plazas ofertadas manteniendo, por un lado, las 1.752 que se ofertaron como "consolidación de empleo" al amparo del Estatuto Básico del Empleado, y limitando al diez por ciento las 637 restantes, que habían sido calculadas con una tasa de reposición cercana al 30 por ciento de acuerdo a los Presupuestos Generales del Estado de 2011 vigentes cuando el Gobierno andaluz aprobó su oferta el 27 de diciembre de 2010. Tres días después, sin embargo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó el Real Decreto de "medidas urgentes" que reducía esta tasa al diez por ciento.

Esta propuesta de solución por parte de la Defensoría del Pueblo andaluz, no obstante, tiene su "complejidad", según reconocen las citadas fuentes. Sobre todo, según advierten, porque realizar un proceso selectivo de este tipo con el curso empezado puede generar problemas organizativos de calado y habría que buscar un periodo vacacional como las Navidades para poder prepararlas.

Aún así, desde la institución que dirige José Chamizo insisten en la "necesidad" de que las oposiciones se celebren para que el sistema educativo andaluz incorpore a nuevos profesores y se mantenga la calidad del mismo, ya que el Tribunal Constitucional (TC), instancia ante la que el Gobierno de Rajoy ha recurrido la oferta de empleo público docente de Andalucía, puede tardar "varios años" en decidir al respecto al tener otros "asuntos prioritarios" en sus manos. Es ésta, pues, una opinión similar a la que el titular de Educación en Andalucía en funciones, Francisco Álvarez de la Chica, mantuvo el pasado sábado, cuando se mostró dispuesto convocar las oposiciones "lo antes posible", en septiembre o diciembre, si el TC levantaba la suspensión.

Críticas de chamizo

El pasado mes de marzo, después de que a la Defensoría llegaran multitud de quejas de opositores e interinos sobre el cambio de temarios aprobado por el Ministerio de Educación, Chamizo emitió una dura nota de posicionamiento en la que culpaba a "los poderes públicos intervinientes en este proceso" —es decir, al anterior Ministerio de Educación "con la tardía reforma de los temarios", a la Junta de Andalucía "con la aprobación de una OEP sobre la que se vierten dudas de ajuste a los dictados establecidos en la legislación básica estatal" y al actual Ministerio de Educación, Cultura y Deporte "con su contrarreforma" de los anteriores temarios— de introducir "una gran inestabilidad e inseguridad" en todo lo que concierne a la convocatoria de las oposiciones, "con grave perjuicio para los legítimos intereses de los futuros aspirantes y participantes en estos procesos selectivos que se ven inmersos en esta ceremonia de la confusión".

Además, el Chamizo criticó que las decisiones de una y otra Administración en estos último meses "se hubieran visto afectadas por la inminencia de un proceso electoral y la alternancia correspondiente que se ha producido tras su celebración" (en relación al 20N y al 25M) y, ante ello, exigió que se favoreciera "el normal desarrollo de las pruebas selectivas y la confianza de los participantes en su aspiración a obtener un empleo público" al no existir "apenas margen para reconducir estos procesos".

Así pues, velando siempre por "los intereses" de los opositores, aconsejó a las Administraciones estatal y autonómica que dieran luz verde a las oposiciones tal y como estaban planteadas con el fin de no "perjudicar" más a los aspirantes, algo que finalmente no ha sido tenido en cuenta por el Gobierno de la Nación que el pasado viernes decidió recurrirlas ante el TC.